Ecuador desclasificó este 13 de agosto el caso Coopera de lavado de activos que había estado bajo confidencialidad desde 2013 y puede salpicar a funcionarios de control y supervisión del anterior Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
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Cooperativa Coopera
Este caso afectó a 113.000 cooperativistas al acumular deudas por cerca de 50 millones de dólares y tener que afrontar un proceso de liquidación.
El caso se produjo bajo «las acciones despiadadas de sus directivos bajo la falta de control de las autoridades estatales», según los organismos a cargo del caso en el actual Gobierno de Lenín Moreno, que han decidido poner fin a la condición de «reservados» de todos los documentos de la cooperativa.
Con ello pretende que aquellos afectados que estén interesados puedan conocer los detalles del caso y también que se investigue a las autoridades que ocultaron la situación de la entidad.
En una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet, Iván Granda, secretario nacional Anticorrupción, calificó el caso como el «mayor lavado de activos» y que al poner fin a la reserva se cumple el «anhelo» de ciudadanos y ongs que pedían desclasificar el caso.
«Se afectó a 113.000 familias de Azuay y Guayas, quienes tienen derecho a saber la verdad sobre las irregularidades en Coopera», apuntó el alto funcionario.
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La cooperativa fue disuelta en 2013 después de descubrirse en ella toda una serie de irregularidades que condujeron a su bancarrota, que incluyó, según Granda, la «triangulación de fondos entre Venezuela y Ecuador a través de paraísos fiscales».
También mencionó, «depósitos ilícitos en 84 cuentas claves», «empresas de exportaciones pantalla» y «beneficiarios que no tenían derecho a créditos».
«Se analizará el reabrir investigaciones que vinculen a autoridades que omitieron el control y permitieron que exista un cúmulo de delitos», aseguró.
Granda está al frente de un organismo creado en febrero pasado para luchar contra una de las mayores lacras en el país, la corrupción, y destapar casos como los de Coopera con el fin de atribuir responsabilidades penales y reclamar el daño ocasionado al Estado, cuando fuese posible.
En el caso de la cooperativa ya han sido condenados algunos responsables, pero según el funcionario «ninguna autoridad» ha pasado por un «proceso penal».
Al caso de liquidación de la cooperativa le aplicaron en el anterior gobierno una confidencialidad a la documentación de quince años, cuando la ley estipula en estos casos apenas 180 días para que se lleve a cabo el proceso.
Granda cree que «esos 15 años de información clasificada fue para ocultar información sobre las autoridades de control» que no actuaron para defender a los cooperativistas.
En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, Margarita Hernández, superintendenta de Economía Popular, hizo entrega a Granda de la resolución en la que desclasificaba toda la documentación, un proceso que espera ponga fin a la «impunidad» mediante la intervención de los canales judiciales apropiados. EFE
