La concesión en 2017 de la carta de naturalización al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, viola la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador, reveló este lunes la Contraloría General del Estado ecuatoriano en base a indagaciones del caso.
En la sesión de lectura de las conclusiones preliminares de esa indagación, la Contraloría también reveló un irregular comportamiento del activista, que llevó a parte del personal de la Embajada en Londres -donde Assange residió desde 2012 hasta el pasado abril- a exigir un seguro de vida para seguir desempeñando sus labores.
Los resultados parciales de la investigación abierta por el órgano rector se conocieron este lunes en una audiencia en la que participaron algunas de las partes implicadas, entre ellas Luis Falconí, exembajador en Londres entre septiembre de 2013 y junio de 2015.
Falconí declaró a los medios que considera el proceso de naturalización «totalmente cuestionable» porque viola la normativa ecuatoriana e internacional y que, tal y como también apuntó la Contraloría, no se cumplieron los causales dispuestos en la ley.
El informe deja claro que la naturalización no cumplió con, al menos, tres requisitos, entre ellos el haber residido en el país durante, al menos, tres años.
Además, no existe constancia del documento con el que el australiano solicitó el inicio del proceso para que se le otorgara la nacionalidad, del cual tampoco se abonaron los aranceles que estipula la normativa nacional, que ascienden a unos 800 dólares.
Tampoco se le aplicó el cuestionario habitual para este tipo de casos, en el que el solicitante debe probar sus conocimientos de las tradiciones, historia, normas y cultura general ecuatorianas.
Assange fue naturalizado ecuatoriano en diciembre de 2017 por disposición de la anterior ministra de Exteriores María Fernanda Espinosa, quien con ello quiso introducirlo en la plantilla diplomática de la embajada y poner así fin a su asilo.
La iniciativa fracasó porque Gran Bretaña alegó que sería detenido igualmente si salía de la legación.
Assange estuvo asilado en la embajada ecuatoriana por casi siete años, y fue arrestado el pasado 11 de abril por la Policía británica después de que Ecuador diese por terminado el asilo diplomático de forma unilateral, tras un año de enfrentamiento con el actual gobierno de Lenín Moreno, al que llegó a demandar por vulnerar sus derechos por imponerle un protocolo de convivencia.
El caso llegó a la Contraloría a raíz de las denuncias de un grupo de diputados de derechas que consideraron irregular todo el proceso de naturalización.
En ese sentido, en la presentación del borrador, la Contraloría también cuestionó hoy el proceder de los cancilleres ecuatorianos de los últimos seis años, sobre todo por no haber tratado de corregir un mal comportamiento por parte del activista.
Según la institución, durante ese periodo se constataron varios incidentes sin que la Cancillería diera una respuesta apropiada para acabar con el problema.
En ese sentido, Falconí admitió que existió una «actitud beligerante» por parte de Assange, pero que ello no significó, al menos bajo su mandato en la Embajada, agresiones ni físicas, ni verbales.
El exembajador también mencionó otro tipo de incidentes como «amenazas de bomba» que requirieron intervención policial.
La Contraloría dijo haber recibido informes del personal de la legación en los que insistían en que se les diera seguros de vida por la inseguridad que sentían.
Incluso la empresa de seguridad criticó, en un escrito al embajador, que la legación «antepusiera los intereses de Assange y su equipo -que llegó a integrar a 17 personas- a los de la propia misión diplomática», según el informe.
El informe podría ser clave para el juicio político que la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) inició hace unos días contra la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, por su papel en el proceso de naturalización del australiano.
Con información EFE
