El retiro del asilo a Julian Assange ayudó a que tras once meses se reactivara el caso de censura parlamentaria en Ecuador contra la excanciller que lo naturalizó como ecuatoriano y que hoy es la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, dijo a Efe la legisladora Cristina Reyes.
Ecuador le retiró a mediados de este mes el asilo a Assange, quien se encontraba desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres, «por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia».
La excanciller se encuentra en el ojo público después de que el Parlamento de Ecuador admitiera a trámite el martes una solicitud para abrir en su contra un juicio político, figura de censura parlamentaria a cargos públicos en Ecuador, por supuesto «incumplimiento de funciones».
Una vez le sea notificado el llamamiento a juicio político, Espinosa dispondrá de quince días para presentar sus alegatos por escrito ante la Comisión legislativa multipartidista que analiza la denuncia, presentada por el grupo Socialcristiano y el partido CREO de centroderecha.
Al residir en Nueva York, dicha notificación debería llegarle a través de valija diplomática en un plazo de dos a tres días, desde que se adoptó la decisión.
Reyes asegura que Espinosa incumplió las funciones inherentes al cargo de ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que desempeñó entre mayo de 2017 y junio de 2018 bajo el Ejecutivo de Lenín Moreno, en tres causales que atañen directamente su función.
Aunque abandonó el cargo a mediados del año pasado para pasar a dirigir la Asamblea General de la ONU, la Constitución ecuatoriana (2008) estipula en su artículo 131 que los cargos podrán ser reprobados hasta un año después de concluidas sus funciones.
Quizá la clave principal es el otorgamiento de la naturalización al fundador de Wikileaks, Julian Assange, proceso que según los denunciantes «está plagado de irregularidades».
Entre ellas, señalan que el actual canciller, José Valencia, calificó el hecho de «acto lesivo» y pidieron el expediente sobre el procedimiento seguido de concesión de la ciudadanía ecuatoriana al fundador de WikiLeaks.
La diputada destacó, por ejemplo, la supuesta falsificación de la firma de Assange, «que no corresponde con la del pasaporte australiano», la carencia de un informe jurídico del departamento de visados, la ausencia del pago de tasas y de una entrevista en la que constaría que domina el español, requisito indispensable para obtener la naturalización ecuatoriana.
Advirtió que «la orden (de naturalización) fue dada por la señora Espinosa» antes de enmarcar la decisión en «una trama más compleja, había un plan de escape, un salvoconducto».
El porqué de esa decisión -abundó- deberá ser investigado y Espinosa dar explicaciones ante el Parlamento.
Otra de las razones que aducen los denunciantes es que supuestamente eludió su obligación de brindar apoyo y socorro a decenas de ecuatorianos radicados en Venezuela que así lo habían solicitado a la Cancillería, adelantó Reyes que argumentó que esa medida respondería a una «agenda ideológica».
Y también censuran su desempeño como titular de Exteriores en la crisis de seguridad en la frontera norte con Colombia, que el año pasado causó la muerte de cuatro militares y cinco civiles ecuatorianos, estos últimos secuestrados y asesinados por una disidencia de las FARC.
Reyes consideró que el hecho de que el llamamiento a juicio político se haya dilatado en el tiempo se debió a una «maniobra del oficialismo», que en las últimas semanas se está fraccionando por intereses partidistas.
Entretanto, Espinosa ha optado por el mutismo oficial sobre el «juicio político» en su contra mientras esté al frente de la Asamblea General de la ONU.
«La señora María Fernanda Espinosa tomó la decisión al principio de su presidencia de no comentar ningún asunto interno de Ecuador», dijo su portavoz Mónica Grayley.
Con información de EFE
