La Asamblea Nacional admitió a trámite este martes un pedido para abrir «juicio político» a la excanciller y actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa. Esto por supuesto «incumplimiento de funciones» en los casos de Julian Assange y del equipo asesinado de El Comercio.
Según los legisladores que han pedido ese proceso, de la oposición socialcristiana y del partido CREO, su incumplimiento de funciones se habría dado en tres cuestiones concretas, entre ellas, el haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de forma irregular.
De prosperar el proceso legislativo, Espinosa quedaría «censurada» por la Asamblea Nacional, lo que representaría una «sanción política moral» en contra de su actuación al frente de la Cancillería, explicó a Efe la legisladora Cristina Reyes, una de las denunciantes.
Reyes agregó que, dado que no está ya en funciones, a Espinosa no se le podrá aplicar el cese de su cargo ni la inhabilitación de dos años en cargo público.
Según la parlamentaria, Ecuador paga los gastos y sueldo de Espinosa en la ONU, lo que costará al erario público «más de medio millón de dólares» en once meses de gestión.
La Comisión de Fiscalización se reunió este martes para estudiar el pedido de investigación que hicieron hace diez meses varios legisladores opositores a la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU y que estaba paralizado desde entonces.
En los próximos quince días, según establece la ley ecuatoriana, pasarán por esta comisión las partes implicadas para rendir sus testimonios y se presentarán todas las pruebas que se han solicitado para sustanciar el juicio político.
Espinosa fue ministra de Exteriores del presidente Lenín Moreno entre mayo de 2017 y junio de 2018.
En ese período representó al ala más izquierdista de un gobierno que evolucionaba hacia el centro político y se desmarcaba de la gestión del exmandatario Rafael Correa, de quien ella fue brevemente ministra de Exteriores en 2007 y de Defensa entre 2012 y 2014.
Su imagen como representante del régimen anterior la hizo impopular en círculos conservadores que apoyan la gestión de Moreno, lo que sumado a su manejo de la crisis de los periodistas y el caso Assange la colocaron en la rampa de salida, donde la ONU se perfiló como una solución honorable.
A la sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea también ha sido convocado el actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Valencia, para «rendir versión».
Entre los documentos que se requieren de Valencia está la totalidad del expediente de la «declaración de lesividad» de la ciudadanía del fundador de WikiLeaks.
Además, también se ha solicitado la comparecencia del contralor general del Estado, Pablo Celi, para que entregue y explique los resultados parciales y las conclusiones del informe especial que está haciendo en relación al proceso de naturalización de Assange.
En cuanto a Espinosa, la comisión le hará llegar por valija diplomática una convocatoria para hacerle saber el proceso que se le ha abierto en su contra y pueda personarse para rendir versión.
Con información de EFE
