El jueves 14 de febrero, el contralor General del estado Pablo Celi, presentó el informe de resultados, luego de nueve meses de trabajo emprendidos como parte de un plan emergente de control al Seguro Social. Se predeterminaron nueve indicios de responsabilidad penal.
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Los resultados que cuentan con 19 informes establecieron la destitución de 60 funcionarios de la institución del Seguro Social, y también tomarán sanciones administrativas y civiles por 88 millones.
Celi aseveró, que existen otros 25 informes sobre la situación del IESS que se encuentran en ejecución.
13 de los 19 informes se dieron en el área de adquisición de equipos y medicamentos, ahí se predeterminó la destitución de 29 funcionarios. Además, sanciones administrativas y civiles por 84,83 millones de dólares.
La fiscalización se dio en equipos y mobiliarios de hospitales y centro médicos de todo el país. Entre las conclusiones a las que llegó la Contraloría, están que el Seguro firmó convenios de créditos para financiar obras, a pesar de la existencia de un presupuesto destinado para construirlas; es decir, funcionarios endeudaron sin necesidad a la institución.
Carlos Riofrío director del Área de la Contraloría que analizó al Seguro Social, también aseguró que la obras tampoco habrían contado con estudio completos y actualizados. Entre las otras áreas auditadas, estuvieron las de operaciones administrativas y financieras, es decir las encargadas del manejo de presupuesto de las pensiones. Ahí como resultado se dieron 14 destituciones y las sanciones administrativas serán de 3.3 millones de dólares.
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