La Contraloría de Venezuela anunció ayer lunes que abrirá una auditoría al titular del Parlamento, Juan Guaidó, quien el 23 de enero se proclamó presidente encargado, por supuestamente recibir dinero de entes internacionales «sin justificación».
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El proceso indagará si el líder de la asamblea nacional, de mayoría opositora, «ocultó o falseó datos en su declaración patrimonial». La Contraloría tiene facultad para sancionar a los servidores del estado con multas o inhabilitarlos para ejercer cargos públicos.
El contralor, Elvis Amoroso señaló que Guaidó supuestamente … «recibió dinero de organismos internacionales y nacionales sin ninguna justificación».
En declaraciones transmitidas por el canal del Estado VTV, Amoroso recordó las competencias que tiene la Contraloría en materia de administración pública, entre las que destacó que un servidor público que haya caído en algún tipo de irregularidad puede enfrentar una sanción de inhabilitación política de 15 años.
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Amoroso, un funcionario cercano al régimen del presidente Nicolas Maduro, a quien Guaidó está tratando de desalojar, dijo que se sospecha que el parlamentario tiene «datos ocultos o falsificados en su declaración de activos».
A la solicitud de la Fiscalía dio luz verde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y aunque hasta el momento no se ha dado la orden para su detención, el chavismo, en sus distintos voceros, como Diosdado Cabello, han señalado que debería ir preso.
Cabello, que además es presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombró la semana pasada una comisión del foro para consultar con la población el adelanto de las elecciones legislativas, que según mandato constitucional deben celebrarse en diciembre del año que viene.
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