La Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio hecha por la exasambleísta Sofía Espín y el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, informó este martes a Efe el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia.
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Valencia aseguró que el canciller de Bolivia, Diego Pary, le confirmó la presentación de la solicitud de estatus de refugio y que se seguirán los pasos que determine la legislación boliviana.
Ecuador envió la semana pasada a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre Espín y Ochoa, en el que se constata que los dos ciudadanos ecuatorianos son requeridos por la Justicia de este país y «que no son perseguidos políticos«.
Valencia: «No son perseguidos políticos»
«El estatus de refugiado se da a quien tiene riesgo de persecución política en su país«, apuntó Valencia al recordar que los dos ciudadanos «se encuentran a ordenes de jueces, quienes han dictado una serie de providencias, incluso prisión preventiva«.
El titular de Exteriores recordó que el trámite de refugio es interno y los Estados no necesariamente tienen que comunicar al país involucrado.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó el mes pasado una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante el Tribunal, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Caso Sofía Espín
El pasado 7 de noviembre, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió un auto de llamamiento a juicio contra Correa (que vive en Bélgica) y otros tres exfuncionarios por el caso del secuestro en Colombia en 2012 al activista político Fernando Balda.
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El juicio a dos agentes ecuatorianos de inteligencia, autores confesos del secuestro de Balda en Colombia, se inició el 4 de febrero en la Corte Nacional de Justicia que tiene pendiente dictar sentencia.
Caso Carlos Ochoa
Asimismo, un juez ecuatoriano ordenó prisión preventiva, con fines de investigación contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.
El exalto cargo está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como «mordaza» por gremios de periodistas, así como de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación.
Con información de EFE
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