El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, fijó en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición encabezado por el presidente interino Juan Guaidó, que comenzaría cuando «cese» lo que considera una «usurpación» del poder por parte de Nicolás Maduro.
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«Una vez cesada la usurpación», Guaidó «ejercerá durante 30 días continuos como presidente encargado» para «conducir el proceso que conlleve a la conformación de un gobierno provisional (…) y la realización de elecciones presidenciales libres», establece la Ley del Estatuto para la Transición, aprobada este martes en sesión ordinaria.
Si hubiese «imposibilidad técnica para convocar» a las votaciones en esos 30 días, el Parlamento «podrá ratificar al presidente encargado como presidente provisional», con un mandato con «plazo máximo de doce meses».
El texto establece, sin embargo, que los comicios deberán «realizarse en el menor tiempo posible».
La Constitución ordena que, en caso de «falta absoluta» en la presidencia, deben convocarse a elecciones en 30 días y que el jefe del Legislativo, actualmente Guaidó, se encarga del cargo mientras un nuevo mandatario asume el poder.
La ley «da marco, orden y busca gobernabilidad y estabilidad de cara a un proceso de transición», dijo tras la votación Guaidó, reconocido por Estados Unidos, una docena de países de América Latina y una veintena de Europa.
Guaidó se autojuramentó el pasado 23 de enero, después de que el Parlamento declarara a Maduro «usurpador», alegando que su segundo mandato (2019-2025), iniciado el 10 de enero, fue producto de elecciones fraudulentas.
El lunes, tras vencerse un ultimátum de países europeos como Alemania, Francia, España y Reino Unido a Maduro para que llamara a elecciones, el gobernante socialista dijo que, en el «supuesto negado» de que la presidencia del opositor fuese válida, «sería el diputado autoproclamado quien debió (…) llamar a elecciones en 30 días».
«Usted, señor payaso, tiene que convocar», agregó Maduro dirigiéndose a Guaidó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, considera nulas todas las decisiones del Parlamento desde que lo declaró en desacato en 2016, apenas asumió la mayoría opositora tras su contundente triunfo electoral de diciembre del 2015.
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El TSJ abrió una investigación contra Guaidó por «usurpación», le prohibió salir del país y congeló sus bienes y cuentas.
El Parlamento, en el camino a la transición, se comprometió a una renovación de todos los poderes públicos, incluidos los poderes judicial y electoral.
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