La exvicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, acudió a dar su versión por el caso ‘diezmos’ en la Fiscalía General del Estado, en Quito y llegó con vehículos del Estado. Luego de cinco horas de rendir versión se dirigió a los medios donde confirmó que está bajo custodia del Servicio de Protección Presidencial por seis meses.
Su diligencia estaba convocada para las 09:00 de hoy 7 de enero, para que responda a las preguntas de la Fiscalía sobre los hechos derivados de una denuncia realizada por el político opositor Andrés Páez, por un presunto caso de diezmos.
Cuando llegó al lugar, se bajó de un vehículo del Estado, y escoltada por guardaespaldas, que le acompañaron mientras saludó con los simpatizantes de su organización Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
Cuando salió de rendir su versión explicó que esa protección estatal está establecido en el decreto ejecutivo 1369, y no porque ella «no haya solicitado«, dijo. Ese decreto fue emitido durante la presidencia de Rafael Correa, pocos días ante de terminar su mandato, el 3 de mayo de 2017. De este decreto se han beneficiado, Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y ahora Vicuña.
Además la exsegunda mandataria negó haber cometido actos ilegales y que los aportes solicitados fueron directamente al movimiento de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), del que es militante.
Sobre la las licencias del SRI
En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de $300 dólares mensuales durante 12 meses, luego de $1.400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de $20.400.
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