La periodista y ambientalista ecuatoriana Ligia Arreaga fue arrestada ayer 2 de enero del 2019 por la policía panameña mientras trataba de hacer una entrevista a una jueza de paz sobre un cobro a productores para poder vender sus alimentos.
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La comunicadora que cubría el trabajo en la provincia occidental de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, manifestó en una nota de voz mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que estaba en un cuartel de la Policía de Puerto Armuelles detenida.
«En minutos seré guardada en un calabozo; he sido esposada porque traté de entrevistar a la jueza y ella dijo que estaba invadiendo su privacidad, por eso ha dado esa orden, espero que hagan algo; porque es mi trabajo periodístico», exclamó Arreaga.
Antes de que fuese aprehendida, la periodista recopilaba datos sobre el supuesto abuso de los derechos humanos a los productores de Chiriquí, ante la llegada de una trasnacional.
«Estamos contactando a la jueza de paz Ulzana Valdés para ver el caso de la colega Ligia Arreaga, detenida por pretender entrevistarla sobre un cobro a los productores que deseen vender sus productos», señaló un tuit de la cuenta oficial del Colegio Nacional de Periodistas (Conape) de Panamá.
El Juez Primero Municipal del Distrito de Barú, Abdiel Chávez, anunció que presentó un recurso de hábeas corpus en favor de Arreaga y pidió a Valdés que le remita un informe sobre el caso en dos horas.
La periodista Ligia Arreaga estuvo fuera de Panamá por dos años ante las amenazas en su contra por defender el Humedal Laguna Matusagaratí, en Darién, el tapón natural que une a Panamá y Colombia.
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Los Jueces de Paz son las autoridades encargadas de prevenir y sancionar las conductas y los actos que alteren la paz y la convivencia pacífica en los corregimientos. Esta figura reemplazó a los corregidores y son nombrados por 10 años bajo un esquema de convocatoria pública.
Ligia Arreaga es de la ciudad de Guayaquil y desde 2002 migró a Panamá. Ha emprendido una gran lucha en pro de la protección de la naturaleza desde entonces.
La normativa establece que en cada corregimiento funcione una Casa de Justicia Comunitaria de Paz con la participación de Jueces de Paz como mediadores comunitarios, facilitadores judiciales, unidades de Policía Comunitaria y voluntarios de la comunidad.
Con información de EFE
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