Los familiares de los tres periodistas secuestrados y asesinados el pasado mes de abril por el disidente de las FARC Walter Patricio Arizala, alias «Guacho», abatido ayer 21 de diciembre en Colombia, reconocieron el trabajo del país vecino pero lamentaron que no fuera capturado vivo.
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«Ninguna muerte es motivo de celebración. Aunque reconocemos el trabajo realizado por las autoridades colombianas, es lamentable que quien se adjudicó el secuestro y asesinato de cinco personas haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida», dice un comunicado conjunto de los familiares.
Difundido poco después del anuncio del presidente colombiano Iván Duque de que sus fuerzas armadas habían conseguido matar al disidente de las FARC, los familiares explicaron que «con su fallecimiento mueren también las posibilidades de acceder a la información que poseía» sobre el secuestro y asesinato de Pául Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.
«No sólo sobre lo que ocurrió con Paúl, Javier y Efraín, sino también con Óscar Villacís y Katty Velasco y sobre los vínculos entre las organizaciones narcodelictivas y la institucionalidad ecuatoriana», destacaron.
«Guacho», responsable entre enero y abril del asesinato de cinco civiles y cuatro militares ecuatorianos, murió ayer 21 de diciembre en una operación de las fuerzas de seguridad colombianas en la vereda (aldea) de Peña Caraño, en la zona de Llorente, que hace parte de Tumaco, el municipio de Colombia que tiene más hectáreas sembradas de coca.
Pero para los familiares, que han convocado mañana sábado a primera hora una rueda de prensa para explicar su postura, «este hecho de ningún modo significa que se haya hecho justicia».
«Aún hay muchas preguntas que no han sido contestadas y muchas dudas que ni Ecuador ni Colombia han estado dispuestos a despejar. Seguiremos exigiendo que se revele la verdad absoluta con respecto de todos los hechos alrededor del crimen atroz en contra de los tres que nos faltan», señalaron.
https://twitter.com/FUNDAMEDIOS/status/1076482166853390336
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Sostienen además que «en la medida en que la verdad solo ha sido entregada a medias» y «el Estado ecuatoriano ha solicitado el archivo de las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» que investiga los hechos, el país asiste «a la gestación de un camino hacia la impunidad».
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