Los anuncios fueron hechos en una comparecencia conjunta en el palacio presidencial de Carondelet en la que participaron los ministros de Finanzas, Richard Martínez, de Trabajo, Raúl Ledesma, y el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.
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Martínez indicó que el ajuste presupuestario será de 2.000 millones de dólares y que en los próximos días se hará público un decreto presidencial con el que entrarán en vigor las medidas.
Por su parte, el ministro de Trabajo reveló que el Ejecutivo «ha decidido que los ministros se reduzcan un porcentaje adicional del 10 por ciento», que se suma a otro recorte ya aplicado, sacrificio que dijo «tiene que empezar por casa propia».
Adelantó que en el orden jerárquico superior de altos cargos se disminuirá un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios de determinada escala, lo que supondrá un ahorro de 300 millones de dólares en el presente año.
Subsidio a la gasolina
Se anunció el final del subsidio a la gasolina extra y ecopaís, que pasará de costar 1,48 dólares a 1,85 dólares, lo que supone 37 centavos adicionales por galón.
Martínez puso como ejemplo que el incremento se traducirá en 3 dólares adicionales por llenar el tanque de un vehículo particular.
«Esto no afectará a los taxis ni al transporte público, sobre todo de mercancías, para evitar una escalada de precios», aseguró el titular económico, y precisó que el diesel para el transporte público y consumo doméstico no sufrirá modificación en el precio para no afectar a los ciudadanos menos pudientes.
Indicó que pese a la subida de la gasolina popularmente empleada, aún «con este incremento se mantiene un subsidio para los ciudadanos» y desde el Gobierno pidió «a los que más tienen, el esfuerzo de pagar un valor más cercano al de nuestros países vecinos».
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La medida supone un ahorro para el presupuesto del Gobierno de unos 400 millones de dólares.
Justificó la medida en las necesidades de recorte presupuestario que se requiere para asegurar la viabilidad del pago por parte del Estado de proyectos sociales y dijo que había que erradicar «la idea fallida de que el Estado podría pagar todas las cuentas».
Ledesma aseguró que se eliminarán 25.000 vacantes, lo que supondrá un ahorro de más de 400 millones de dólares y que el número de asesores por ministro pasó de más de 30 a cuatro, salvo en situaciones puntuales.
Argumentó la política en que se trata de «devolver la institucionalidad al servicio público, reconociendo el derecho a la estabilidad» y que el «Estado es sumamente grande y en algunos casos ineficiente, lo que demandó la eficiencia en el gasto del dinero de los ecuatorianos».
Por último, el secretario presidencial aclaró que «el Estado paga cuentas que no le corresponden», y que el ahorro que generen las medidas, irá directamente a una cuenta específica que Lenín Moreno ha dispuesto que sirva para cuatro temas: protección de la dolarización, garantizar los servicios de salud, pago de pensiones, y dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media.
Afirmó que entre 2005 y 2017 los subsidios estatales supusieron 50.383 millones de dólares a los ecuatorianos, el equivalente a la financiación de 12.500 escuelas, 12.500 hospitales y 2,5 millones de casas, es decir, «una casa propia para cada habitante».
El decreto se espera que lo firme el presidente entre jueves y viernes.
EFE
