Con 77 voluntades, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución por la cual se exige a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña resente su renuncia al cargo, debido a la acusación formulada en su contra por el presunto cobro indebido de dinero a uno de sus asesores, cuando ejercía las funciones de asambleísta.
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El texto de la resolución será publicado en varios medios de comunicación, para conocimiento público. En la votación se registraron, a más de los 77 votos afirmativos, 24 abstenciones y un voto en blanco.
Algunos medios han informado de que el texto de esa resolución del Legislativo sería publicada en los diarios de mayor circulación del país.
De su lado, la Fiscalía del Estado informó hoy de la apertura de una investigación previa contra la Vicepresidenta, ante la denuncia del político opositor Andrés Páez sobre supuesta concusión y tráfico de influencias.
«En el marco del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa, Fiscalía notificó la apertura de una investigación previa a la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, por una denuncia sobre presuntos cobros indebidos realizados durante su gestión como asambleísta», señaló la Fiscalía.
Según reveló el lunes el canal de televisión Teleamazonas, Ángel Sagbay, uno de los asesores de la Vicepresidenta, depositó parte de su salario en una cuenta de Vicuña como contribución a su grupo político, Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
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Vicuña confirmó hoy que sí recibió depósitos de Sagbay como militante político, pero apuntó que «ese no es el inconveniente», sino «cuando (Sagbay) declara bajo juramento mintiendo -y eso es perjurio-, que era una condición, una obligación y prácticamente una extorsión para ingresar o para mantener el cargo. Eso es absolutamente falso».
En una entrevista con una radio capitalina, Vicuña dijo que no ve motivos para presentar su renuncia o pedir una licencia hasta que se esclarezca su situación, como han sugerido ciertos legisladores.
La Vicepresidenta consideró que las denuncias en su contra obedecen a una trama de extorsión y a una campaña de desprestigio de la labor del Gobierno de Lenín Moreno por parte de la oposición, con la supuesta complicidad de ciertos medios de comunicación.
Con información de EFE
