El escándalo del cobro de diezmos en la Asamblea Nacional continúa. Algunos legisladores son investigados por la Fiscalía y una ya perdió su puesto en el poder Legislativo. Esta vez, un exfuncionario denunció a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña de exigirle estos pagos indebidos cuando ella era asambleísta.
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Teleamazonas reveló hoy la declaración juramentada de uno de sus exasesores, Ángel Sagbay. Él declaró que trabajó en el despacho de la vicepresidenta con dos cargos distintos y que debía hacer depósitos a la cuenta de Vicuña cuando ella era legisladora. El exfuncionario señaló que al momento de ascender de cargo, la cuota del diezmo aumentó.
En el documento, Sagbay añade que durante el tiempo que trabajó como asistente administrativo en el despacho de Vicuña, desde 2011 hasta el 2012, «me tocaba transferir la cantidad de 300 dólares a la cuenta corriente que tenía como titular a la exasambleísta María Alejandra Vicuña».
En la declaración juramentada, el exfuncionario aportó que «esta contribución fue solicitada directamente por María Alejandra Vicuña para darme el cargo. Ella me indicó que era una contribución obligatoria para el Movimiento Aliazan Bolivariana Alfarista».
El exfuncionario habría realizado los pagos a fin de mes y en ocasiones cada 15 días durante el tiempo que ocupó el cargo. «Luego recibió un ascenso y el monto de los depósitos aumentó», indicó el referido medio.
«Ella directamente solicitó que debía incrementar la contribución al movimiento político al que ella pertenecía, exigiéndome que desde la fecha en que firmé el contrato-1 de junio de 2012- deposite a su cuenta corriente la cantidad de 1.400 dólares durante 12 meses», detalla la declaración de Sagbay.
Asimismo, agrega que de lo declarado existe prueba plena y las evidencias de los «depósitos».
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El pasado 14 de septiembre de 2018, Vicuña se habría referido al cobro de diezmos en la Asamblea Nacional. «Todos hemos aportado a las organizaciones políticas de forma voluntaria (…) Las investigaciones darán los resultados que corresponden aquellos quienes han extorsionado a funcionarios de sus equipos de la Asamblea».
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