Durante seis meses, un grupo de periodistas de Ecuador y Colombia investigó los motivos del secuestro. Además, las circunstancias en que tres periodistas fueron ejecutados en la frontera entre ambos países.
La investigación, titulada ‘Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados’, revela detalles que los gobiernos sabían y decidieron no divulgar.
Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana.
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Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio, habían sido secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra. Una narco disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Frente liderado por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez.
Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Provincia donde a inicios de 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido en su historia.
Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.
El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente.
Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, en plena zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro.
LA HISTORIA DE UN SECUESTRO
Los periodistas llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona.
«Ellos le van siguiendo a ese señor», dijo una fuente bajo pedido de anonimato. «Se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘Ahora sí, están detenidos'».
A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho.
Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: «Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?».
Luego se despidió, con un displicente: «Chaoooo pues». Y, le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados.
Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.
Esa noche, los familiares de los periodistas fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados.
Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.
PREPARADOS PARA SU LIBERACIÓN
Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos.
Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador. Que alias Guacho era de nacionalidad ecuatoriana.
Después tuvo que retractarse. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate.
Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.
Esa noche, 48 horas después del secuestro, diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho.
El medio atribuía su información a altas fuentes militares de «altísima» credibilidad y verificó los datos en terreno. Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, afirmó que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.
En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo. El plan era acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas. Para luego tomar un avión a Quito.
En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos.
Supuestamente, se le avisó al presidente, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace.
Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.
Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
MENSAJES CONSTANTES
Otro hallazgo de esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían una comunicación constante.
Aunque el equipo periodístico que realizó la investigación tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.
Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero de 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador. También, la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia.
Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles. Información que nunca fue compartida ni con militares, ni con el Ministerio de Interior. Tampoco con los periodistas enviados a la región.
Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.
Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.
FRONTERA CAUTIVA
Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos. Sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.
El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.
Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos.
A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las FARC: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico. Así como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. También bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas.
Todos cruzan entre ambos países con total libertad. Se disputan las más de 19.000 hectáreas de coca cultivadas en el área. También, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes. Además, los contactos con los grandes carteles mexicanos.
NO PERMITEN QUE LAS ENTREVISTAS SEAN GRABADAS
Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en el municipio de Tumaco, el miedo es también un estado cotidiano. La mayoría de las personas consultadas no permitió que las entrevistas fueran grabadas, ni siquiera en audio. Tienen miedo por posibles represalias.
Las poblaciones a ambos lados de la frontera son usadas en la cadena del narcotráfico.
En Ecuador, específicamente en Mataje Nuevo, guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubicaban en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba.
También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo.
Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para el abastecimiento de combustibles. Además de precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano.
Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.
LA SALIDA FALLIDA
El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín. Pero los resultados fallaron.
En un momento dado, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, frontera natural entre los dos países.
Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó a sus captores si los iban a matar.
Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Cuando los encontraron, Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.
El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo que no podía «ni confirmar ni negar» la noticia.
Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un «paso adelante contra la impunidad».
Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.
*Frontera Cautiva es un proyecto de investigación realizado por un equipo de 20 reporteros de distintas nacionalidades bajo la coordinación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, La Liga contra el silencio, Verdad Abierta, Periodistas sin cadenas, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y Forbidden Stories.
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