“Hay ciertos municipios que vienen ordenando a discreción embargos en las cuentas corrientes de distintas empresas, sin haber notificado debidamente títulos de crédito ni citado autos de pago a la parte procesada, a fin de que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, vulnerando el derecho constitucional al debido proceso y de seguridad jurídica”, aseguró Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) este 15 de octubre en rueda de prensa.
Uno de los casos se da en el Municipio de Esmeraldas, en donde se ha dispuesto dichos embargos a las empresas: CORPETROL S.A., EXXONMOBIL Ecuador Cia Ltda., LUTEXSA Industrial Comercial, DURAGAS S.A., TERPEL-Comercial Ecuador S.A., VEPAMIL S.A., ENI Ecuador S.A., y Petróleos y Servicios PSY C.A. , que sumados a uno adicional en el cantón Atacames, ascienden a USD 7,1 millones.
Otras empresas afectadas son UNILEVER S.A. con USD 1.5 millones y LA LLAVE S.A. que reportó otro cobro por USD 450 000 . Lo mismo sucedió con el GAD de Quinindé que ha emitido títulos de valor por un monto de más de USD 5 millones en perjuicio de ARCA Continental SAB de CV, La Fabril S.A, Petróleos y Servicios PYS C.A., Petrolríos S.A., y Tecniequipos S.A.
En cuanto a DIRECTV Ecuador, los municipios de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, a más de Naranjal, en Guayas, han procedido a embargos arbitrarios por USD 8.7 millones. Lo paradójico es que se procede a tales cobros, sin que las empresas tengan su domicilio o actividad comercial registrada en dichos cantones.
Ante la impugnación respectiva, en la gran mayoría de expedientes, los jueces competentes han fallado a favor de los afectados, sin embargo, los municipios no cumplen con la orden judicial de devolver los valores embargados.
“Este escenario de inseguridad jurídica se amplía, al incluir a las operadoras de telefonía móvil CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL S.A. (Movistar), que han sido perjudicadas en los últimos años por cobros, igualmente arbitrarios e ilegales, derivados de ordenanzas en una treintena de municipios, de las diferentes regiones del país, que asimilaron sesgadamente el concepto de uso de espacio aéreo por uso del espectro radioeléctrico, que es competencia constitucional inequívoca del Gobierno central”, acotó Alarcón.
