Paola Vintimilla dijo que tras esperar infructuosamente nueve meses que la excanciller María Fernanda Espinosa le entregara la documentación sobre el procedimiento de la naturalización, finalmente recibió los datos por parte del actual ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, en una entrevista con Efe.
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En su carta de respuesta, el actual canciller explica a la asambleísta que los viceministros salientes hicieron constar que la información estaba clasificada como «reservada».
No obstante, Valencia asegura en su carta, «en los archivos del ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reserva a dicha información», según la legisladora.
Una situación que para Vintimilla deja claro que «no tenía por qué ser reservada la información» y que no se siguieron los procedimientos necesarios para que los documentos sean considerados realmente como clasificados.
«Ahora que me entrega el canciller todos los documentos, sabemos que, de una manera arbitraria, ella (Espinosa) declaró estos documentos como reservados», subrayó la legisladora a Efe.
Ante esas irregularidades, propondrá hoy al pleno de la Asamblea Nacional que se levante la reserva de los documentos para que sean de libre acceso a la ciudadanía.
Un proceso para el que deberá contar con una mayoría de 91 votos de los 137 asambleístas, con el fin de que se cambie el orden del día y se levante el estatus de reserva.
«Así podremos investigar mejor entre todos y con la ciudadanía como veedor», subrayó.
Por lo pronto, la legisladora ha entregado los documentos a la Contraloría y está a la espera de los resultados de la investigación que -augura- incluya también los justificativos de los desembolsos realizados por Ecuador por el caso Assange.
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«Estaré pendiente, le haré un seguimiento continuo hasta que me entreguen toda la información que le estoy pidiendo», indicó la legisladora del opositor partido Social Cristiano, que quiere que se se le retire la nacionalización otorgada a Assange a finales del año pasado.
El activista australiano era requerido desde 2010 por las autoridades suecas debido a las acusaciones de dos mujeres por presunta violación, que él negaba, aunque Suecia archivó la causa.
Aun así, sigue bajo asilo por temor a que sea arrestado por las autoridades británicas y deportado a Estados Unidos, donde presume que podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial.
