Las denuncias de extorsión a asesores y asistentes parlamentarios surgen a diario. Está previsto que en esta semana se oficialicen dos más por presuntas extorsiones.
En el despacho del asambleísta Fabricio Villamar, de CREO, recibieron 10 denuncias, entre textos de chats, copias de depósitos, videos, incluso una carta dirigida al expresidente Rafael Correa. Mañana Villamar presentará una resolución para pedir a Contraloría que investigue las cuentas de los asambleístas y verificar si se recibió o no «diezmos» de sus trabajadores.
Además Villamar está en la espera que el pleno de la Asamblea lo pueda resolver, caso contrario irá directamente a la Contraloría.
Uno de los testimonios presentados al legislador de CREO reza así: “Mi hijo Juan Pablo Soto trabajó como asistente de un legislador que le pedía $ 1.000 mensuales de su salario. Él le pagó durante casi 10 años a ese parlamentario, que es presidente de una comisión legislativa. Hace un mes renunció y hoy trabaja con otro legislador que también le pide $ 800”.
Ayer se conocieron 13 casos más dentro de este periodo legislativo que se suman a los 10 ya registrados en un inicio. En total son 23 casos de extorsión a los colaboradores. Entre ellos hay parlamentarios de Alianza PAIS (AP), de la Revolución Ciudadana, del PSC-MG, de la Bancada de Integración Nacional (BIN), independientes y de CREO. Además, otros cuatro casos de exparlamentarios del Legislativo anterior. Ellos son de Alianza PAIS e independientes. Pero de todos estos casos solo dos han sido denunciados en la Fiscalía y uno en el Ministerio de Trabajo.
“No se puede generalizar. Hay que investigar y respetar el debido proceso”, recalcó Jaime Olivo, de Pachakutik. Otras tres víctimas de estos chantajes presentarán sus denuncias en la Fiscalía esta semana. Así lo adelantó Andrea Utreras, exasesora de la asambleísta Karina Arteaga, de AP, por Manabí.
- Elizabeth Cabezas entregó en Fiscalía presuntos cobros indebidos a funcionarios legislativos
- La exasesora acusó a Arteaga de cobrar “diezmos” a sus cuatro colaboradores, quienes le pagaban su alimentación, movilización, las compras en el supermercado y hasta las cuotas de su auto nuevo.
El fiscal encargado Paúl Pérez, quien ayer compareció en la Comisión Ocasional que trata el tema de los desaparecidos, señaló que los asambleístas serán investigados por presunto cohecho y concusión. Estos delitos están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y estipulan sanciones de tres a cinco años. Recordó que se necesitará la autorización de la Asamblea para el procesamiento penal. Esas prácticas antiéticas han sido rechazadas por los asambleístas. Lourdes Cuesta, de CREO, calificó los hechos de extorsión y pidió a la Fiscalía que actúe para detener estos actos de «diezmo».
Con información de El Telégrafo
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