La Defensoría del Pueblo anunció que ha sido adelantada para este, 22 de agosto del 2018, la audiencia judicial para analizar medidas cautelares solicitadas para frenar una decisión del Gobierno, que exige la presentación del pasaporte a los venezolanos que quieren ingresar en el país.
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«ATENCIÓN. Audiencia de medidas cautelares contra exigencia de pasaporte como único documento válido para ingresar a territorio nacional, miércoles 22 de agosto», informó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta en Twitter.
La Defensoría ya había anunciado que buscaba que se adelante la audiencia. La cita estaba prevista para el próximo viernes, debido a la gravedad del caso, según dijo su titular, Gina Benavides.
«Estamos insistiendo con la jueza para que cambie la fecha de la audiencia dada la urgencia. Además,los efectos concretos que está teniendo la aplicación de la medida sobre grupos de atención prioritaria», señaló Benavides
Asimismo, adelantó que promueven un pronunciamiento de las Defensorías de Colombia y Perú. La institución tiene como objeto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) haga un monitoreo sobre el tema.
«Le hemos planteado, además, a la Cancillería que acoja el pedido de las personas venezolanas. Ellas están varadas en Rumichaca (paso fronterizo entre Ecuador y Colombia)», que en una carta, con decenas de firmas, solicitan que se respeten los acuerdos internacionales donde se establece el libre tránsito de migrantes, anotó.
Decenas de emigrantes de Venezuela han quedado varados en la zona fronteriza con Colombia. Los migrantes estaban en camino cuando Ecuador anunció, por sorpresa, la medida el pasado jueves.
EXIGENCIA DEL PASAPORTE A VENEZOLANOS
La exigencia entró en vigor el sábado y pese a ello, varios venezolanos que ingresaron sin pasaportes iniciaron el domingo una caminata por carreteras ecuatorianas en su camino a Perú, según dijeron entonces.
Para la Defensoría, la medida migratoria del Gobierno de Lenín Moreno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.
El ministro ecuatoriano del Interior, Mauro Toscanini, ha defendido la medida para «garantizar el ingreso seguro, regular y ordenado» y para evitar casos de trata de personas y tráfico de migrantes.
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Pero Benavides argumenta que está probado que cuando se ponen medidas de restricción se fomenta la migración irregular, por lo que teme que aumenten los delitos que se pretende evitar.
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