La crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde hace más de tres meses, y que ha dejado entre 250 y 350 muertos, podría derivar en una guerra civil, afirma Uriel Pineda, consultor nicaragüense en derechos humanos.
La tensión se centra en estos últimos días en las cárceles de “El Chipote”, en donde han sido detenidas cientos de personas. Madres de los arrestados que se manifestaban afuera de este centro penitenciario fueron expulsadas por la Policía Nacional. Su lugar fue ocupado por simpatizantes de Daniel Ortega y grupos afines al gobierno.
En las últimas semanas, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al gobierno de Ortega de graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha denunciado «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país», lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
Q&A
A tres meses de que inició el conflicto, ¿en qué situación está Nicaragua?
– El conflicto se ha agudizado. Los brotes de protesta espontánea, barricadas, la obstaculización de la vía pública que habían ejercido ciudadanos en protesta por la represión y en demanda de la salida del presidente Ortega fueron fuertemente reprimidas por la policía y por grupos calificados como paramilitares. Son grupos a los que el gobierno les ha facilitado aspectos logísticos como movilización, coordinación y sobe todo armamento para intimidar y reprimir a la población, en colaboración con la Policía Nacional.
Ha habido demanda de la comunidad internacional para que estos grupos sean desmantelados por parte del gobierno que, sin embargo, se muestra renuente a hacerlo.
El gobierno cambió su intención de acceder a cambios que establezcan la institucionalidad democrática en el país. Un primer momento en el diálogo nacional que se había instaurado había accedido a hablar de la democratización del fortalecimiento institucional de la Suprema Corte porque está, digamos, cooptada por el partido de gobierno, así como por el órgano electoral. Dio marcha atrás en eso y simplemente abandonó el diálogo como un espacio para llegar a una solución, por lo tanto, la comunidad internacional también ha demandado eso.
Hasta el momento no hay señales del Gobierno de querer entrar a un diálogo de buena fe, como lo destaca la resolución de la OEA, la semana pasada.
¿Qué sectores apoyan la permanencia de Daniel Ortega en Nicaragua?
– El apoyo de Daniel Ortega se circunscribe al aparato gubernamental. No podría yo calificarlo como un apoyo auténtico. Hay personas dentro de la función pública que defienden su plaza laboral y son, digamos, obligados a participar en concentraciones y ese tipo de cosas. Fuera de eso, no hay un solo sector social que se haya pronunciado en favor de Daniel Ortega.
No considero válido cualquier respaldo que pueda tener el Congreso cuando él controla la mayoría del mismo. A lo interno del país no ha habido una voz de apoyo y los sectores que habían permanecido neutros, como la iglesia católica y los empresarios, hoy demandan una salida de Daniel Ortega del Gobierno.
¿La situación en Nicaragua se puede considerar “Guerra civil”? ¿Cuál es el papel de las fuerzas armadas en el conflicto?
– Yo he sostenido que lo que Nicaragua vive es una Guerra Civil Sui Generis, o un tanto atípica, en el entendido de que Daniel Ortega concibe las protestas como enemigos a los que hay que vencer.
En redes sociales circulan imágenes y videos donde estos grupos paramilitares tienen un lenguaje como si estuvieran en un conflicto armado. Daniel Ortega visualiza esta situación como si fuera una guerra. Una guerra contra un pueblo desarmado, que defiende su derecho a manifestarse y trata de restablecer la democracia.
En mayo, el Ejército declaró su neutralidad, sin embargo, es una neutralidad que al final del día beneficia al régimen. La presencia de paramilitares es debido a que los disturbios rebasaron la capacidad de la Policía Nacional. Pero hoy, es la única fuerza armada capaz de frenar la masacre que los grupos paramilitares tienen en el país.
¿Cuál debería de ser la ruta que debe seguir Nicaragua para resolver el conflicto?
– Yo creo que hay algunos elementos rectores. Lo que ha demostrado Daniel Ortega es que no va a renunciar, ni está dispuesto a ceder el poder.
La agresión y el ataque está sufriendo el pueblo de Nicaragua puede derivar en una Guerra Civil y eso es muy peligroso, y los nicaragüenses tienen la responsabilidad de evitarlo.
La línea de acción que hay es apostar es a mayor presión de la Comunidad Internacional para que finalmente Daniel Ortega ceda. Lo que ha demostrado la historia es que él solamente negocia cuando está obligado a hacerlo. Él siente que no está obligado a hacerlo y creo que aspira a la situación de Venezuela: que el conflicto se diluya.
