El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) presentó ayer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, las pruebas de descargo del proceso de juicio político que se sigue en contra de las autoridades de la institución.
El Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, así como los vocales, Néstor Arbito, Karina Peralta, Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez, entregaron en la Comisión de Fiscalización los documentos que desvirtúan las acusaciones formuladas por Esteban Bernal y Raúl Tello, asambleístas que impulsan el juicio.
En la comparecencia que duró más de cuatro de horas, el titular de la Judicatura aseguró que no existen causales para enjuiciar políticamente al Pleno del CJ. Además, respondió a las presuntas pruebas que los mencionados legisladores presentaron en temas como la existencia de un informe de la Contraloría que realiza observaciones a concursos para la designación de fiscales; la aplicación del error inexcusable; y, la supuesta injerencia del gobierno anterior en la administración de justicia.
En el primer aspecto, el doctor Jalkh ratificó que el informe DAAC 070-2016, que los asambleístas Bernal y Tello señalan como prueba de irregularidades en la designación de fiscales, no señala responsabilidades para las autoridades del Consejo de la Judicatura sino para la Fiscalía General del Estado que, en la época en que se realizó el concurso respectivo, era la responsable del manejo del banco de elegibles.
El Presidente del CJ denunció además que, entre las supuestas pruebas entregadas a la Comisión de Fiscalización, existen documentos cuya autenticidad está en duda.
“Dos certificaciones de la Contraloría nos están diciendo que este documento anexado en este expediente es falso, forjado. Le corresponderá a la Fiscalía determinar quién los forjó y con qué intenciones se ha utilizado en este juicio político”, dijo.
Sobre este mismo tema, el vocal Arbito explicó que, tras el análisis de un perito grafológico, se determinó que la firma registrada en el mencionado documento no corresponde, en al menos un 85 %, a la rúbrica de la funcionaria que supuestamente lo suscribió.
Arbito ratificó el criterio de que el informe de Contraloría no puede ser aceptado como prueba en el juicio político “ya que los interpelados son los vocales del Consejo de la Judicatura y el citado informe no señala responsabilidades en su contra”.
Recordó que la ley exige que en el momento en que se presenta cualquier acción, el hecho denunciado debe tener relación con la prueba utilizada, lo cual, aseguró no ocurre en este proceso. Asimismo, denunció que la documentación presentada para la interpelación tiene varias falencias que vulneran el derecho al debido proceso.
De igual forma, cuestionó el hecho de que los vocales del CJ fueran notificados, horas antes de su participación en la Comisión de Fiscalización, con nuevos pedidos de información.
Error inexcusable e independencia judicial
En su comparecencia, el titular del CJ, Gustavo Jalkh, se refirió también a los cuestionamientos formulados en torno a la aplicación del error inexcusable como presunta medida de presión a los jueces.
Recordó que el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función Judicial, de acuerdo a lo que determina la Constitución, tiene la plena facultad para sancionar a los administradores y operadores de justicia que incumplen sus funciones o responsabilidades.
Con el propósito de demostrar que el CJ actúa de acuerdo con la ley, el funcionario explicó las resoluciones adoptadas en 18 procesos disciplinarios que terminaron con sanción a operadores de justicia que con sus decisiones afectaron los derechos de los ciudadanos.
Acerca de las acusaciones de presunta influencia política del gobierno de Rafael Correa en la Función Judicial y de la existencia de correos electrónicos que probarían aquello, el Presidente del CJ indicó que la manera en que se obtuvieron los mails violó todas las normas y por ello no tienen valor legal probatorio.
Aclaró que de todos los correos difundidos, solo uno se refiere a una comunicación que mantuvo con el exmandatario sobre reformas a la Ley de Garantías Constitucionales y no sobre algún juicio o causa en específico
