La consulta popular que se se realizó en Quito en el 2011 que mencionaba: “¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?”.
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Al año siguiente en 2012, la organización Protección Animal del Ecuador (PAE), colocó una demanda institucional en contra del Municipio de Quito por el incumplimiento de lo establecido en la consulta popular.
El abogado, Esteban León, abogado de PAE, menciona que pese a que el 50,8% de los quiteños votaron en contra de la muerte de los animales en eventos públicos, esto todavía sucede en Quito. Esto es porque el Municipio reformó la ordenanza 127 (secciones 13, 14 y 15) y con eso manifestó el abogado que el toro muere sea en privado o públicamente.
Los representantes legales del Municipio de Quito, entre ellos Mónica Amaquiña, participaron el 8 de mayo en la audiencia en la Corte Constitucional. Se sostuvo que la ordenanza no interfiere con la consulta popular.
Por lo tanto la Corte estableció un plazo de 72 horas para revisar las ponencias y establecer si se deben suprimir las corridas de toros en Quito.
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