Este martes se realizó la evacuación del centro comercial El Recreo, sur de Quito, por posible artefacto explosivo. Luego del protocolo respectivo de las autoridades, se informó que la alerta era negativa. En lo que va de año, en Ecuador se han registrado cerca de 50 amenazas de bomba.
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En rueda de prensa efectuada el viernes, la fiscal del Guayas, Patricia Morejón afirmó «que se va a disponer que un fiscal especializado proceda a la investigación previa para identificar y descubrir quienes han realizado estas llamadas falsas».
Agregó que las personas que han realizado estas llamadas falsas podrían ser sancionadas conforme lo establece el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este hace referencia al terrorismo.
Este artículo cita que la persona que: «(…) mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años».
Además, la Fiscal Provincial destacó al referirse al artículo 366 del COIP que: “El tipo penal en sí es poner en peligro la vida de las personas a través de actos que pongan en estado de terror. Si consideramos que esto ha causado terror ya no pasa a ser una falsa alarma, eso es un presunto delito de terrorismo en el grado de tentativa”.
Incluso, el artículo 396 del COIP reza que será sancionada con cpena privativa de libertad de quince a treinta días la persona que «de manera indebida realice uso del número único de atención de emergencias para dar un aviso falso de emergencia y que implique desplazamiento, movilización o activación innecesaria de recursos de las instituciones de emergencia».
Vale recordar que el ECU 911 se encarga de recopilar el registro de llamadas que será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
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