Un morador de la ciudadela Ceibos, ubicada al norte de Guayaquil, alertó a las autoridades gubernamentales sobre la existencia de un Centro de Atención Privado para personas con problemas de uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Esta operaba al margen de la ley. Se lo corroboró en una vivienda se mantenía a 21 individuos asilados contra su voluntad en condiciones deplorables.
Luis Vera, coordinador Zonal 8 (subrogante) de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, ingresó al domicilio, usado como clínica privada. Lo hizo en compañía de Diana Herrera, comisaria de Salud, Luis Peña, fiscal del Guayas, agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y Municipio de Guayaquil, quienes verificaron que el establecimiento no prestaba las condiciones apropiadas para funcionar.
Durante el procedimiento, las autoridades visualizaron las condiciones de desaseo. De igual manera, vieron la privación de la libertad en los cuales los internos convivían. Estas eran sin importar su sexo o edad; compartían las áreas de la vivienda entre hombres y mujeres, mayores y menores de edad. De esta forma, eran expuestos a maltratos físicos, sicológicos y sexuales, por lo que el lugar fue clausurado.
Inmediatamente se hicieron presentes los padres de familia de los jóvenes con consumo problemático. Ellos recibieron de información sobre la ayuda a la que pueden acceder a través de la Mesa de Servicios Ciudadanos. Dicha mesa es de la de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas para padres e hijos.
