La reactivación de la economía ecuatoriana, sumida en una fuerte deuda, se proyecta sobre la consulta popular del 4 de febrero, en la que la ciudadanía deberá votar sobre la corrupción, la ley de plusvalía o limitaciones medioambientales a la extracción petrolífera y minera.
A priori, la consulta tiene una dimensión mucho más política que económica y la mayoría de los ecuatorianos la ven como una puja política entre el actual presidente, Lenín Moreno, y su predecesor, Rafael Correa.
Ello quizá porque las preguntas más mentadas son la anulación de la reelección indefinida -que Correa ve como un ataque personal- o la de enmendar el polémico Consejo de Participación Ciudadana, un órgano regulador convertido para muchos opositores en símbolo de control del correísmo.
El ‘sí’ o el ‘no’ será probablemente reflejo de la afinidad política del votante con uno de esos dos líderes políticos, más que de un interés genuino en definir la política del país en asuntos que, muchos, ni siquiera entienden.
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Pero más allá del choque de titanes, la consulta incluye otras cinco preguntas de las que cuatro tocan, directa o indirectamente, la economía nacional.
La 1 trata de combatir el fenómeno de la corrupción en los estamentos de Gobierno y las empresas contratistas con el Estado, deshabilitando al funcionario de por vida y bloqueando la contratación pública de aquellas firmas que los sobornen.
Según datos presentados en diciembre por la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), una ONG ciudadana, el perjuicio causado al Estado alcanzaría los 35.000 millones de dólares en los últimos 10 años, daño que, dicen, incluye coimas, sobreprecios en contratos públicos, evasión tributaria y delitos similares.
Unas pérdidas que, en condición de déficit presupuestario, el Estado espera recuperar para presupuestos futuros.
Sin embargo, la pregunta que «más incidencia tiene en términos económicos» es para el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la 6, que derogaría la Ley de plusvalía.
Anunciada en 2015 contra la especulación del suelo y aprobada al año siguiente, acabó hundiendo el mercado de la construcción, según aseguró Moreno al asumir la Presidencia.
A cargo de la reactivación económica, De la Torre considera la construcción «el mecanismo intermedio hasta que el sector privado pueda ser el motor de la economía», «un motor que permita sostener el crecimiento y genere empleo» en tanto se recupera la confianza del inversor privado.
Su anulación, afirmó en una entrevista el jueves con Efe, será «una señal muy clara» del Gobierno «hasta que (el mercado ecuatoriano vuelva a ser) atractivo a la inversión privada».
Después de años de bonanza, las finanzas ecuatorianas comenzaron a desplomarse a finales de 2014 por la bajada del precio del petróleo, la magnitud de la inversión pública en proyectos nacionales, la apreciación del dólar y las consecuencias del terremoto de magnitud 7,8 en 2016.
La deuda ha sido calculada en 61.000 millones de dólares, pero podría ascender a 69.000, reconoce el ministro.
Fernando Pozo, gerente general saliente del Banco Pichincha, la mayor entidad financiera privada del país, sugirió en una entrevista con Efe que «la mejor manera de bajar el déficit fiscal es creciendo».
«Es bajando los gastos y diciendo: ¡Señores, vengan, inviertan! Invitaría a todo el mundo a invertir en Ecuador», afirma sobre la situación de su país.
Una fórmula que De la Torre acepta pero que considera inviable mientras el crecimiento no esté consolidado, porque, dice, «¿cómo podemos atraer la inversión con una economía en recesión?».
Después de un 2016 en negativo, Ecuador ha comenzado a crecer por encima de las expectativas y se anotará en 2017 un incremento del PIB de cerca del 3 %.
Para 2018, el FMI ha revisado al alza su previsión de 0,6 % a 2,2 %, justificándolo en una «recuperación más rápida de lo previsto».
Pero es un crecimiento que sigue dependiendo en gran medida de los precios del principal motor de su economía, el petróleo, cuyo impacto Moreno quiere mitigar con la diversificación, que incluye el relanzamiento del turismo y la actividad minera, que apenas aporta ahora al PIB entre 1,2 % y 1,3 %.
En declaraciones a Efe, el ministro de Minería, Javier Córdova, adelantó recientemente que hasta 2021 espera elevar ese porcentaje al 4 %.
Un objetivo que, más a largo plazo, podría verse afectado por la pregunta 5 de la consulta, que pide prohibir «sin excepción» la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
La última pregunta de la consulta, la 7, pide igualmente reducir al mínimo, unas 300 hectáreas, el margen de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía y considerado el de mayor biodiversidad del mundo.
Fuente: EFE
