El Gobierno de Ecuador solicitó hoy al de Perú que revoque la concesión de refugio en favor de Carlos Pareja Cordero y su hijo, acusados de corrupción en la estatal petrolera Petroecuador y procesados por lavado de activos.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, recordó que la justicia nacional instauró formalmente contra ambos un proceso penal por lavado de activos y, por lo tanto, el refugio concedido «no cabe» y contradice las convenciones internacionales sobre refugiados y contra la corrupción.
El Ministerio de Exteriores supone que los acusados han pretendido «sorprender» a las autoridades peruanas en su «buena fe», «aduciendo que son víctimas de persecución política».
Esa circunstancia, añade, «ni ha sucedido ni podría suceder, ya que Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que cumple fielmente en todo momento su deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos y libertades fundamentales».
Por ello, el Gobierno de Ecuador dijo confiar en una respuesta peruana «a la altura de los ideales que inspiran los lazos de amistad y cooperación» que históricamente han unido a las dos naciones.
La justicia ecuatoriana imputa a Carlos Pareja Cordero y su hijo (Carlos Pareja Dasum), en su condición de administradores de la empresa «Projinvest Management», el uso de recursos producidos por actividad ilícitas, así como la realización de maniobras para ocultar el origen del dinero.
Contra ellos existe un auto de llamamiento a juicio, con orden de prisión preventiva, por parte de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de la localidad de Samborondón, en la provincia costera de Guayas.
La Cancillería ecuatoriana dijo que, ante la decisión de las autoridades peruanas, remitió una comunicación al Ejecutivo peruano en la que se le recuerda que el lavado de activos es un delito tipificado en las leyes de los dos países.
Dicho delito se castiga en Ecuador con una pena de hasta 13 años de prisión, mientras que en Perú es de hasta 15 años, sin agravantes.
Este es un «delito común grave, sin que sea posible encontrar ningún elemento que lleve a pensar que se trata de un delito político o conexo a un delito político», remarcó la Cancillería.
En definitiva, señala el texto, esta es «una conducta penal típica de corrupción» ante la que la justicia ecuatoriana «ha actuado con estricto apego al derecho» y ha llevado adelante «una investigación seria y exhaustiva».
Ecuador, que «se reserva el derecho a plantear acciones legales», recordó además que está en vigor desde el 4 abril de 2001 un tratado bilateral de extradición que establece, entre otros aspectos, «que procede la entrega de personas reclamadas cuando se trate de delitos de corrupción referidos a las convenciones contra la corrupción interamericana y de las Naciones Unidas».
Asimismo, la Cancillería ecuatoriana ha solicitado a Perú que proporcione información y argumentos jurídicos que fundamenten la decisión de concesión de refugio a los dos presuntos corruptos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador «confía en que estas dos personas comparezcan ante la justicia» y «se evite la impunidad», concluye el comunicado.
Carlos Pareja Cordero ha sido acusado de ser el presunto «pez gordo» de la corrupción en la estatal petrolera Petroecuador, por el que están investigadas más de 80 personas, entre ellas su primo Carlos Pareja Yannuzzelli, un exministro de Hidrocarburos, actualmente en prisión.
Pareja Cordero y su hijo ingresaron a territorio peruano el 24 de diciembre del pasado año y pasaron a la clandestinidad después de que las autoridades migratorias del aeropuerto Jorge Chávez le impidieran viajar a Estados Unidos por tener revocado su pasaporte y el visado para ingresar en territorio estadounidense.
EFE
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