El fiscal Hamilton Castro pidió este 3 de diciembre 18 meses de prisión preventiva para los empresarios peruanos José Graña, Hernando Graña, Gonzalo Ferraro de la firma Graña y Montero, Fernando Camet de JJCamet y Fernando Castillo de ICCGSA por su presunta intervención en el pago de sobornos de Odebrecht en Perú.
Durante una audiencia en la que se decidirá el pedido de detención, Castro expuso que «los procesados tienen todas las condiciones de vulnerar el proceso», dado que «pueden viajar a donde ellos quieran» debido a los recursos económicos que manejan.
El fiscal anticorrupción remarcó que la sesión, presidida por el juez Richard Concepción Carhuancho, demostrará si la ley en el país es igual para todos y procedió a sustentar el pedido por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Castro explicó que las empresas socias de Odebrecht en la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) cedieron parte de sus utilidades a la constructora brasileña como compensación por el soborno de 20 millones de dólares que entregó al exmandatario, según han afirmado sus exdirectivos.
«Odebrecht pagó la coima, pero las empresas peruanas compensaron ese gasto luego», afirmó Castro.
El fiscal detalló que «el 1 de junio de 2011, estas tres empresas se reunieron y determinaron las utilidades bajo el ropaje de riesgos adicionales. Esto consta en actas de juntas de accionistas».
«Se ha determinado con pericias contables que estas empresas cedieron más de 41 millones de soles de sus utilidades bajo la facha de riesgos adicionales, eso equivale a 15 millones de dolares», agregó Castro.
«Está permitido ceder utilidades, pero no hacerlo bajo el ropaje de riesgos adicionales, para camuflar y ocultar actividades ilegales», señaló el representante del Ministerio Público.
Castro recordó que el exdirectivo de Odebrecht en Perú Jorge Barata declaró haber tenido los primeros contactos con allegados a Toledo en 2004 y que al año siguiente se dio inicio al pago del soborno, en varios tramos, después de obtener la adjudicación de la obra.
«De estas tratativas, como señaló Barata, tuvieron pleno conocimiento los representantes de las empresas socias de Odebrecht (…), que idearon un mecanismo para que Odebrecht pague la coima con el conocimiento de los ahora imputados», afirmó el fiscal peruano.
El abogado de Fernando Camet, Eduardo Alcocer, informó que su cliente está internado en una exclusiva clínica particular de Lima y aseguró que el pedido es «injusto y desproporcionado».
Alcocer sostuvo que «el tener conocimiento no es un acto de ayuda delictiva» y que la fiscalía no precisó si ese conocimiento se produjo antes o después del supuesto acto delictivo.
Por su parte, la defensa de Fernando Castillo, John Caro, declaró que los empresarios no deben ser «chivos expiatorios de los problemas entre el Ministerio Público y el Congreso», en referencia a la denuncia presentada por la bancada fujimorista Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por no haber denunciado a los socios de Odebrecht con celeridad.
Los abogados entregaron pasaportes, documentos personales y otro tipo de documentación a la sala para demostrar que sus defendidos no tienen intención de fuga y que colaborarán en las investigaciones.
Tras la exposición de todas las partes, el juez Concepción tomará una decisión sobre el pedido de detención.
En Perú, el caso Odebrecht se centra en seguir el rastro de 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado en sobornos a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse millonarias obras entre 2005 y 2014.
Ese período abarca los mandatos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura por haber recibido un presunto soborno de 20 millones de dólares; Alan García (2006-2011), en investigaciones por dádivas para el Metro de Lima; y Ollanta Humala (2011-2016), encarcelado por la presunta financiación irregular de su partido.
Fuente: EFE
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