Este 7 de noviembre de 2017, la asambleísta por Alianza PAIS, Marcela Aguiñaga, denunció persecución política en su contra.
En un boletín de prensa publicado en sus redes sociales, Aguiñaga se refirió a la glosa en su contra por USD 41 millones que dio a conocer la Contraloría General del Estado.
En dicho comunicado, la política asegura que la Contraloría ha actuado ‘ilegalmente’ y sin valorar sus argumentos.
De igual forma, Aguiñaga asevera que la zona en conflicto fue declarada área protegida, por lo que es competencia exclusiva del Gobierno Central.
Finalmente, la exministra de Ambiente sostiene que la Contraloría desconoce documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Finanzas en el que se sostiene que dicho dinero se encuentra en arcas fiscales, si causar perjuicio al Estado.
La glosa mencionada s de un pago excesivo en el proceso de compra-venta de 66 lotes de terreno entre el Issfa y el Ministerio del Ambiente (MAE) en 2010, cuando Aguiñaga era la titular de la institución ambiental.
El excesivo pago se habría realizado por parte del MAE al Issfa por terrenos en los Samanes.
Contraloría estableció una responsabilidad civil culposa por USD 41 090 491,04 en contra de Aguiñaga, la cual fue notificada ayer, 6 de noviembre del 2017.
Tras el examen especial realizado por Contraloría, se indicó en un informe que lo legal era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil.
El Miduvi sostenía que el costo de los terrenos era de USD 43,8 millones, mientras el Municipio aseguraba que era solamente de USD 7,1 millones.
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