Multitudinarias manifestaciones de grupos religiosos profamilia, en varias ciudades de Ecuador, marcaron hoy el debate sobre iniciativas legislativas que alientan a una educación de género basada en el respeto a la diversidad sexual.
Grupos ecuatorianos marcharon por lo que consideraron defensa de la familia, de los «valores morales» y contra la llamada iniciativa de educación de género, que se ha empezado a discutir en la Asamblea Nacional (Parlamento).
Ciudades como Quito y Guayaquil se vieron copadas de manifestantes vestidos de blanco, que exigían el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores morales de la Iglesia católica.
José Vaquero, un misionero católico que participó en la manifestación en Quito, dijo a Efe que la nutrida concurrencia a la marcha sólo refleja que en el país «lo primero es la familia».
Para él, la familia «es una: hombre, mujer e hijos» y lo que esté por fuera de ello no es nada más que un «remedo de familia. No podemos permitir que confundan a nuestros hijos» con normativas en las que se pretende trastocar ese tipo de valores, agregó.
Recordó que en la Asamblea legislativa circulan proyectos de ley sobre aborto, diversidad sexual y reconocimiento de diferentes tipos de familia, un asunto que podría afectar, según dijo, el precepto biológico de que los seres humanos «nacemos hombres y mujeres», sin ninguna otra categorización.
«No podemos confundir a una criatura (al niño) diciéndole que puede elegir su sexo, no se puede mentir a la biología», afirmó Vaquero al señalar que los grupos profamilia efectuarán otras manifestaciones si en el Parlamento se insiste en considerar la normativa sobre la diversidad familiar y la educación de género.
La nutrida manifestación en Quito llegó hasta la plaza de La Independencia, en el corazón del casco colonial de la urbe y donde se encuentra también el Palacio de Gobierno.
«Con mis hijos no te metas», gritaban madres y padres de familia durante el recorrido, aunque en una esquina de la plaza, un pequeño grupo de activistas por la diversidad sexual respondían a los manifestantes con la consigna: «Todos somos familia».
Domingo Flores, un indígena de la región amazónica y también activista por las libertades sexuales, junto a otros cinco seguidores, mostraba la bandera del orgullo gay al paso de los católicos, aunque ninguno de los grupos provocaba al otro, más allá del asombro de ambos.
Para Flores, los católicos «tienen todo el derecho de manifestarse y, como dicen, educar a sus hijos en sus casas», aunque también «la sociedad ecuatoriana tiene el derecho de debatir estos temas para avanzar y no retroceder en derechos».
El activista dijo a Efe que las expresiones de los grupos profamilia podrían confundir a la población pues, según él, no es verdad que el «anteproyecto de ley» que se ha empezado a discutir en el Parlamento plantee la destrucción de la familia.
De su lado, la Defensoría del Pueblo, en un comunicado, reaccionó a pronunciamientos discriminatorios del colectivo «Con mis hijos no te metas», uno de los organizadores de las manifestaciones que contaron, también, con el respaldo del Episcopado.
La Defensoría del Pueblo señaló que los pronunciamientos de dicho colectivo «promueven estereotipos e imaginarios sociales con relación a la definición de lo que es una familia natural, con padre y madre» como «modelo único y aceptable».
Ellos, dice la Defensoría, desconocen «otros tipos de familia», como la formada con los abuelos, la «monoparental» integrada por un solo progenitor, a las madres solteras, las familias separadas, las compuestas por personas del mismo sexo, las adoptivas, entre otras.
La Carta Magna, recordó, «reconoce la familia en sus diversos tipos» y señala que el Estado «la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad», constituidas por «vínculos jurídicos o de hecho» y basadas en «la igualdad de derechos y oportunidades».
El debate democrático «debe permitir la participación de todos los actores sociales» y «cualquier propuesta de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos sería inconstitucional», asegura la Defensoría.
La entidad hizo un llamamiento a los así llamados grupos profamilia a evitar en las redes sociales «insultos, frases denigrantes, amenazas», incitación a la violencia o cualquier forma de discriminación, pues dijo que esos «no son argumentos, ni ideas en un debate democrático serio». EFE
