La Fiscalía General del Estado publicó en su página web y en redes sociales un comunicado en la que comunica sobre el inicio de una investigación de una contratación petrolera en el Bloque Singue de la Región Amazónica.
Este contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos data de 2012 e involucró al Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, y al Consorcio DGC, integrado por las Compañías DYGOIL Consultoría y Servicios Petroleros Cia. Ltda.
Según la publicación, se inició la indagación previa con base a los indicios de responsabilidad penal en la contratación petrolera.
Además, se menciona que en este caso estarían involucrados más de veinte exfuncionarios públicos y privados, algunos de los cuales gozan de fuero de Corte Nacional.
Para la investigación, la Fiscalía ha dispuesto de forma inmediata, la realización de diligencias, recepción de versiones y solicitudes de información con relación a los hechos relatados en el Indicio de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría.
El comunicado finaliza resaltando su ‘firme compromiso con la justicia’.
De acuerdo a información de Diario el Telégrafo recogida de la Contraloría, el 30 de septiembre de 2016 se explotó el 144% de lo previsto para 20 años. El contrato tenía previsto que en ese lapso se extrajeran apenas 2.04 millones de barriles de petróleo.
La sobreexplotación alcanzó el 244%. Y a pesar de que la contratista anualmente informó sobre sus cifras de explotación, la Secretaría de Hidrocarburos nunca tomó acciones para renegociar la tarifa. Así se detectó un perjuicio para el Estado que se cifra en cerca de $ 5,2 millones que fueron pagados al consorcio DGC y a la compañía Gente Oil Ecuador Pte. Ltd.
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