El proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia sigue siendo un tema polémico. Ahora se suma la versión de Ernesto Pazmiño, defensor público.
PUBLICIDAD
Ernesto Pazmiño recomendó a la Comisión de Justicia archivar esta propuesta e iniciar un amplio diálogo nacional con todos los actores involucrados para tener un código integral que se redacte bajo los principios de la actual Constitución. “El Código de la Niñez y Adolescencia no debe ser visto como una norma de disputa para los padres sino como una norma para el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes”.
Argumentó que el proyecto de ley tiene aspectos positivos como el principio de corresponsabilidad parental y el aporte a un debate público sobre la tenencia compartida y los nuevos roles de la familia.
“Una sociedad ideal debe garantizar que el padre y la madre estén presentes en la vida y desarrollo del niño, que le garanticen la mayor estabilidad posible, que pueda crecer en un ambiente sano sicológica y emocionalmente”.
No obstante, mencionó que también hay elementos negativos, específicamente, en el tema pensión de alimentos: “este proyecto tiene como eje central el tema patrimonial; los criterios que recoge afectarían a la pensión de alimentos porque deja abierta la posibilidad de que el juez, de manera subjetiva, decida la capacidad de consumo del niño y que junto al pago en especies, en el fondo, lo que pueda ocurrir es que el alimentante reciba menos dinero en efectivo poniendo en riesgo su manutención para necesidades básicas como salud o educación”.
Explicó que más de un 80 por ciento de pensiones de alimentos son menores de 200 dólares y ve con preocupación que sobre estos montos se pretenda exigir cuentas a quienes tienen bajo su responsabilidad a los niños, en el caso ecuatoriano, sería en gran parte a las mujeres. “Es preocupante porque puede ser otro factor para incrementar la violencia contra ellas”.
Otro factor poco alentador del proyecto es que sigue convocando al litigio en lugar de fortalecer las medidas alternativas y más amigables como la mediación. “Nosotros creemos que la tenencia compartida está enfocada desde el conflicto y no desde el acuerdo entre los padres”. Al respecto habría que revisar las experiencias de España y Colombia, países en los que los jueces entregan la tenencia a uno solo de los padres para reducir la afectación a los niños”.
En el mismo sentido preocupa que el proyecto no considera la opinión de niños, niñas y adolescentes: “a cierta edad, los niños tienen capacidad de decidir y el Código debe garantizarles su derecho a elegir”.
PUBLICIDAD
Para el desarrollo de una propuesta integral, desde una perspectiva de derechos, el Defensor Público General recomendó a la Comisión de Justicia analizar los derechos de los menores desarrollados en la Constitución que tiene vigencia posterior al Código; y, las estadísticas de la realidad social del Ecuador, especialmente, tomar muy en cuenta la feminización de la pobreza y la enorme violencia que afecta a las mujeres: cerca de 400 000 mujeres son madres solteras; el 40% del sector informal está ocupado por ellas; 1.1 millón de mujeres son jefas de hogar de 4.3 millones de hogares; 2470 embarazos de niñas de 10 a 14 años; 8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son menores de 14 años.
En el marco de sus aportes a la nueva construcción de un código integral, en el que participen el movimiento de mujeres, las organizaciones de madres y padres, los operadores de justicia y la academia, el Estado, entre otros actores, el Defensor Público General propuso que se analice la posibilidad de un cambio en el sistema de justicia, pues “los derechos de los niños, niñas y adolescentes no deben resolverse en los tribunales tradicionales; se requieren centros de protección y respuesta al interés superior de la niñez y adolescencia, bajo un modelo innovador que incorpore los estándares internacionales de protección”.
Para terminar, Ernesto Pazmiño consideró importante armonizar la nueva propuesta, en la que la Defensoría Pública compromete su apoyo, con el nuevo momento que vive el Ecuador para lograr un diálogo amplio y profundo que tenga como resultado una normativa que promueva una vida más armónica para la familia y que cubra todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
