Los fiscales argentinos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la expresidenta Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, sean llamados a declarar como investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos, informaron ayer, 31 de mayo fuentes jurídicas.
A la exmandataria argentina se la involucra en supuestos retornos económicos a los Kirchner por parte de empresarios de la obra pública a través de la contratación de instalaciones de hotel de la empresa familiar Hotesur.
El pedido de los fiscales está dirigido a Julián Ercolini, a los implicados se requirió que se disponga la inhibición general de bienes.
En su dictamen, los miembros del Ministerio Público detallaron que la investigación está orientada a determinar la existencia de una asociación ilícita dirigida «desde las más altas autoridades» del Poder Ejecutivo, en primer término por el expresidente Néstor Kirchner y luego por Fernández, su esposa.
Según los fiscales, ambos expresidentes, durante sus mandatos, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado «y un reducido número de empresarios amigos», entre ellos Báez, «se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos».
En este sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en la asignación, control y pago de obras viales en la provincia de Santa Cruz, así como beneficios impositivos indebidos.
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la expresidenta y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento «fantasma» usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto a Báez.
La exmandataria, que se considera víctima de una persecución política, mediática y judicial, está imputada por la Fiscalía en varias causas y procesada judicialmente en otras tres: una que investiga operaciones del Banco Central realizadas bajo su gestión y dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública.
Fuente EFE
