El acuerdo 0094 emitido por el Ministerio del Trabajo, con fecha del 22 de mayo de 2017, sostiene que el Estado no esta obligado a pagar la compensación jubilar establecida en la ley para funcionarios públicos que renuncien de forma voluntaria.
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Según el acuerdo 0094, en su artículo 9 señala que a partir de ahora quienes opten por la renuncia obligatoria «únicamente podrán acogerse al retiro por jubilación, siempre que conste dentro de la planificación y en función de la disponibilidad presupuestaria fiscal que existe».
En el caso de quienes renuncien voluntariamente «podrán renunciar voluntariamente sin que el estado esté obligado a pagar la compensación prevista en el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público».
Al respecto, Miguel García de la Federación de Servidores Públicos dijo en entrevista a Teleamazonas que «alrededor de 50 mil compañeros que ya estaría cumpliendo con la norma para jubilarse ya no podrían acceder a ese derecho».
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