Son 1.500 usuarios aproximadamente los que al mes se acercan hasta el Centro de Soluciones y Conflictos de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), ubicado en el C.C. Albán Borja, para financiar el pago de sus multas a través de convenios.
El 30% de las multas corresponde a sanciones tecnológicas, es decir, aquellas registradas por el exceso de velocidad por radares y por ingresar al carril de la Metrovía.
Y es que, a propósito de los nuevos controles por la reubicación de fotorradares en siete avenidas de Guayaquil, el mayor Carlos Fernández, jefe de operaciones de la ATM, explica que el principal objetivo no es sancionar sino prevenir accidentes.
“En el caso de la autopista Narcisa de Jesús, donde ubicamos dos fotorradares más, hemos logrado reducir la cifra de accidentes en un 70%”, señala.
No obstante, las sanciones pueden ser acumulativas y son notificadas al conductor a través de correo electrónico.
“Hay un plazo de 30 días (después de la notificación) para que el conductor realice el pago voluntario, en ese tiempo, puede firmar un convenio de pago, que irá dependiendo el valor: 375 (hasta 3 meses plazo), más de $500 (hasta 6 meses); más de 1.000 (hasta un año) y más de 2.000 (hasta 2 años)”, explica, Édgar Lupera, director del Centro de Soluciones y Conflictos de la ATM.
Hoy, 25 de abril, a ese lugar llegó Oscar León, de 64 años, preocupado porque le habían notificado dos multas por $229 se acercó con uno de los abogados del Centro para realizar el trámite de impugnación.
“Ya pagué una multa, pero ahora me salen dos más por exceso de velocidad, pero ese día no circulé con el carro”, manifestaba León.
No obstante en el sistema de la ATM estaba registrada la foto de la placa, fecha y hora en la que se habría cometido la contravención.
En ese caso se enviará a valoración el registro, si se llegase a comprobar en el lapso de 30 días de que el carro no circuló, el proceso saldrá a favor del ciudadano, explicó el abogado Steven Montero.
