Metro Latam
La crisis constitucional en Venezuela —que unos denominan el comienzo de un golpe de Estado, otros un autogolpe y algunos una ruptura institucional— ya tiene repercusiones en la diplomacia latinoamericana. El paso más drástico lo tomó Perú que retiró de forma definitiva al embajador en ese país, mientras México y Colombia expresaron preocupaciones, al tiempo que se ofrecieron como mediadores de diálogo.
Preocupación en América Latina
«América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela». Con ese corto mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski manifestó poco después del mediodía su rechazo al cierre en la práctica de la Asamblea Nacional (Parlamento) en Caracas.
Pocos minutos después, la Cancillería peruana comunicó oficialmente su condena a la acción del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de atribuirse las competencias de la Asamblea Nacional. «Frente a la gravedad de estos hechos, el gobierno del Perú ha decidido retirar de manera definitiva a su embajador (Mario López Chávarry) en la República Bolivariana de Venezuela», explicó. A su vez, anunció que ha iniciado ya consultas con países miembros de la OEA para adoptar “medidas urgentes” dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana.
Ya el pasado 7 de marzo, el embajador López Chávarry había sido llamado a consulta desde Lima, en protesta por los insultos que recibiera el presidente Kuczynski de parte de Nicolás Maduro y la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Esta lo había llamado “cobarde” y “perro simpático”, luego de la visita que Kuczynski hiciera a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump.
Con el anuncio de ayer, López Chávarry se quedará definitivamente en Lima, pero la embajada en Venezuela seguirá atendido a los aproximadamente 100 mil ciudadanos peruanos que viven en ese país.
Mientras tanto, en México, hubo un llamado al diálogo en un tono de preocupación. “El Gobierno de México expresa su profunda preocupación por las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país. En particular, preocupa el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”, expuso el gobierno mexicano mediante comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Colombia, el vecino con la relación más compleja
Por su parte, Colombia —país vecino de Venezuela— urgió una tregua entre los venezolanos. La canciller María Ángela Holguín afirmó a periodistas en Bogotá que «es importante y urgente que con una tregua los venezolanos se sienten a resolver este problema que está llevando al país a una crisis muy grande”.
Mientras que, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, fue mucho más contundente y pidió reevaluar las relaciones con Venezuela. Lizcano aseguró que “parece una dictadura» y le pidió al Gobierno de Juan Manuel Santos «que se manifieste”.
«Desde el Congreso de Colombia rechazo enfáticamente lo sucedido con el Parlamento de Venezuela, no es aceptable que en una democracia se cierre el Congreso de la República por un poder judicial», afirmó en un comunicado.
Lizcano agregó que aunque Colombia no debe entrometerse en asuntos internos de otros países, estas son decisiones que «sí afectan a toda la región y más temprano que tarde van a afectar a Colombia como ya lo estamos viendo en el tema de la cantidad de desplazados e inmigrantes que recibimos de ese país», concluyó. El presidente Juan Manuel Santos no se pronunció.
La postura de Colombia, como se ha visto siempre en el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue la de apoyar el diálogo en Venezuela, por lo que evidentemente fue menos fuerte que la de los vecinos latinoamericanos, que no dudaron en tildar el suceso de “golpe de estado”.
