El hallazgo de los restos de 14 personas en la principal cárcel de Venezuela, clausurada temporalmente hace cinco meses, reactiva el debate sobre la crisis penitenciaria del país petrolero entre denuncias de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
La cifra de muertos encontrados cuando se hacía una excavación en las instalaciones de la desalojada prisión ascendió a 14, informó este domingo la Fiscalía.
El texto agrega que continuarán las investigaciones «relacionadas con la excavación, hallazgo, clasificación y determinación de causas de muertes».
El viernes, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, anunció que se habían encontrado restos humanos que «corresponden a siete personas», unas horas después de haber dicho, en un primer balance, que pertenecían a tres víctimas.
El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el desalojo de la prisión tras semanas de enfrentamientos entre internos por su control y denuncias sobre la muerte de algunos por falta de alimentos y medicinas.
Videos publicados en redes sociales por detenidos y sus familiares, difundidos por la prensa, señalaban la falta de comida y tratamiento médico ante enfermedades como tuberculosis en el penal, que habrían causado al menos diez muertos.
Fosa común
La ONG defensora de los derechos de los presos Una Ventana a La Libertad denunció la existencia en la PGV de una fosa común con un número de cadáveres mucho mayor.
Carlos Nieto, coordinador de esa organización no gubernamental, aseguró que el número de muertos podría llegar a un centenar, «todas las fuentes que hemos consultado hablan de la existencia de una fosa común en la que se hallaron restos de más de cien personas».
La cárcel albergaba a unos 9.000 presos, según Una Ventana a la Libertad.
La PGV está en remodelación como parte de un plan del gobierno para «pacificar» los penales y adecuarlos a estándares internacionales. De acuerdo con Varela, 96 penitenciarias han sido incorporadas al programa gubernamental desde julio de 2011, de las cuales seis han sido clausuradas.
Nieto acusó a Varela de haber impedido el ingreso de los agentes al presidio en un primer instante, pero la Fiscalía subrayó que las pesquisas se adelantan «desde el mismo momento en el que aparecieron los cuerpos dentro del recinto penitenciario».
¿Banco, pizzería o cárcel?
En Venezuela, las ONG denuncian que, pese al plan del gobierno, las cárceles son escuelas del crimen donde incluso los reos tienen piscina, pizzerías y discotecas. De igual manera, reportan irregularidades en el cumplimiento de penas por parte los ‘pranes’ (líderes de los reos).
El 28 de febrero, uno de los principales bancos de Venezuela, Banesco, denunció la existencia de una agencia clandestina que usurpaba su marca en el penal de Tocuyito.
Pero Varela aseguró que en realidad se trataba de una pizzería que los presos habían bautizado con el nombre de la institución financiera donde los reclusos, en un plan de rehabilitación, practican actividades culinarias.
«Lo del banco es un chisme», afirmó la funcionaria.
