El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, alertó hoy contra las modificaciones legislativas que van en contra de los derechos de las mujeres y que en vez de velar y promocionar su bienestar cercenan aún más sus libertades.
La víspera de que se celebre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Zeid quiso «honrar la lucha en pro de los derechos humanos de millones de mujeres que han exigido el respeto de sus derechos y los de los demás».
El máximo responsable de derechos humanos de la ONU recordó que los avances del movimiento feminista han sido lentos pero sostenidos, pero alertó que, actualmente, se percibe en varios lugares del mundo un retroceso en el proceso de igualdad.
«En demasiados países asistimos ahora a un contraataque contra los derechos de la mujer, una reacción que nos perjudica a todos. Debemos permanecer en alerta: el avance de los últimos decenios es frágil y en modo alguno debería darse por sentado», subrayó Zeid.
«Resulta en extremo desconcertante comprobar los retrocesos recientes en las principales leyes de muchas regiones del mundo, basadas en una renovada obsesión de controlar y limitar las decisiones de la mujer sobre su cuerpo y su vida, y en la idea de que su función social debería limitarse fundamentalmente a la reproducción y la familia», agregó Zeid.
El comunicado citó ejemplos de varios países, como el de Burundi, donde existe una ley sobre la violencia contra las mujeres que culpa a la mujer que padece la violencia de género por su «atuendo indecente» o su «conducta inmoral».
Una ley sobre el matrimonio precoz que se aprobó la semana pasada en Bangladesh contiene una cláusula que permite que las muchachas menores de 18 años contraigan matrimonio en «circunstancias especiales» que no aparecen definidas en el texto de la propia ley, denuncia Zeid.
En la Federación de Rusia, «los activistas no lograron detener la despenalización de determinadas modalidades de violencia doméstica», denuncia el texto.
«Los esfuerzos de dirigentes políticos y de la sociedad civil encaminados a permitir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos bajo determinadas circunstancias en El Salvador, la República Dominicana, Honduras y Nicaragua se enfrentan a una enérgica resistencia y han generado contrapropuestas legislativas y políticas».
Fuente: EFE
