La Procuraduría general de Ecuador ha producido un filme, «El juego sucio», para mostrar al público la actuación de Chevron en el litigio que mantiene con la petrolera estadounidense desde hace veinte años, uno de los mayores conflictos medioambientales de la historia.
El filme, presentado hoy en Madrid y que también será presentado en Italia, es concebido por el procurador general ecuatoriano, Diego García, como una «herramienta de comunicación» para transmitir un litigio «complejo» de una manera «ágil» y con «fácil entendimiento», señaló en una entrevista con Efe.
El litigio entre Chevron y Ecuador tiene más de dos décadas de antigüedad y en el centro se encuentran los daños ambientales y sociales que supuestamente ocasionó a la Amazonía ecuatoriana la petrolera Texaco -posteriormente adquirida por Chevron- entre 1964 y 1990.
El año pasado Ecuador se vio obligado a pagar al gigante energético cerca de cien millones de dólares en una de las vertientes del litigio, y según el tratado bilateral de inversiones firmado en 1997 por Washington y Quito, cinco años después de que la empresa abandonara el país, según dictaminó el tribunal de arbitraje en La Haya.
«Hemos trabajado en la parte técnica ante la Justicia, ahora toca explicárselo a los ciudadanos», señaló García.
El filme, que se estrenó en octubre en Ecuador y se puede ver en internet en castellano e inglés, retrata la investigación de un periodista estadounidense que viaja al país para investigar el supuesto fraude que Chevron alega por parte de la Justicia ecuatoriana y se encuentra con las consecuencias del daño medioambiental generado por la empresa.
El objetivo del filme es contar a través de «pequeños detalles», toda la «complejidad» de la historia, como por ejemplo, la «polémica actuación» del testigo estrella de Chevron, el juez ecuatoriano Alberto Guerra, que vive en Estados Unidos «mantenido» por la petrolera, y que respalda las acusaciones de fraude judicial que alega el gigante energético.
El país también sufrió el año pasado el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (Ciadi) a favor de la petrolera Oxy por obligaciones laborales y tributarias, que ascendió a cerca de 1.400 millones de dólares.
Ecuador todavía tienen pendientes litigios contra las petroleras Perenco y Burrlington, Murphy en tribunales de arbitraje internacional.
De acuerdo con EFE, Pese a los fallos contrarios, García cree que los litigios han «merecido la pena» dentro de la reorientación de la política petrolera ecuatoriana del Gobierno y confía en la pronta resolución de los pendientes.
Uno de los errores que, a su juicio, han llevado al respaldo judicial de la actuación de las petroleras fue el «erróneo» proceso de negociación del tratado bilateral de inversiones de 1997.
«Es un sistema creado para proteger a los inversionistas», alegó el procurador, que abogó por la necesidad de que este sistema sea «más justo».
