La orden ejecutiva firmada el viernes 27 de enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los inmigrantes de varios países del Medio Oriente y África, podría violentar la Constitución de Estados Unidos, aseguró Cecillia Wang, directora legal adjunta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
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La orden que prohíbe durante 90 días la entrada de la mayor parte de los ciudadanos de Siria, Irán, Iraq, Sudán, Libia, Somalia y Yemen,»viola la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno preferir o desfavorecer cualquier religión. (Ver la orden)
La política anti-musulmana de Trump también viola la Cláusula de Igual Protección, la parte de la Decimocuarta Enmienda que garantiza que todos tienen derecho a igual protección bajo la ley», indicó Wang en una publicación en el blog de la página cibernética de la ACLU y que originalmente fue publicada en The Guardian.
Dicho medio indicó que la orden ejecutiva firmada por Trump no se refiere explícitamente al Islam, algo que Metro Ecuador pudo constatar. Sin embargo, los países a los cuales aplican las prohibiciones son mayoritariamente musulmanes.
La primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que:
«El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios».
Amparándose en lo anterior y en lo que dice también la Decimocuarta Enmienda, la ACLU solicitó de emergencia el sábado un interdicto que fue aprobado por la jueza Anne M. Donnelly, del Tribunal Federal del Distrito de Nueva York, que detiene la orden ejecutiva de Trump hasta que se vean los méritos y efectos legales del mandato presidencial.
La controvertible orden presidencial de Trump también suspende todo el programa de refugiados por cuatro meses y reduce a la mitad el cupo de refugiados que había establecido la administración del expresidente Barack Obama.
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Además, indica que todas las prohibiciones podrían ser extendidas y podrían añadirse más países.
“Lo que ha aprobado el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York es un interdicto provisional, una medida cautelar para mantener un estatus quo pues considera que lo reclamos de la parte demandante, en este caso los inmigrantes, tienen altas probabilidades de prosperar. Es una medida de protección igualitaria para los inmigrantes ante un orden presidencial”, analizó el abogado y director del capítulo de Puerto Rico de la ACLU, William Ramírez, en entrevista con Metro World News.
¿Qué revisó la jueza Donnelly?
Al revisar las expresiones de la jueza Donnelly, Ramírez explicó que “al haber una posibilidad de daños, se sopesa cuál pudiese ser el daño a la parte demandada. La orden paraliza todo y no puede ser implementada hasta que sea visto el caso en sus méritos.
Si la jueza determina en contra de la demanda pues levanta la orden y todo sigue como Trump quiere que siga. Si la demanda prospera y se resuelve a favor de los clientes de la ACLU, pudiera declararse inconstitucional».
Por otro lado, The New York Times aseguró en una publicación que la orden del presidente estadounidense también violenta el Acta de Nacionalidad e Inmigración de 1965, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que prohibe toda discriminación contra los inmigrantes sobre la base del origen nacional».
¿Qué explicó New York Times?
Según explicó The New York Times, el acta se produjo después de una «larga y vergonzosa historia» en Estados Unidos, que prohibía la entrada de ciertos inmigrantes según su origen.
A partir de finales del siglo XIX, las leyes excluían a todos los chinos, casi todos japoneses, y luego a todos los asiáticos en la denominada Zona Asiática Prohibida.
De acuerdo al medio, en 1924, el Congreso además creó un amplio «sistema de origen nacional» que distorsionaba las cuotas de inmigración para beneficiar a los europeos occidentales y excluir a la mayoría de los europeos orientales, casi todos asiáticos y africanos.
Dicha acta declara que ninguna persona puede ser «discriminada en la emisión de una visa de inmigrante por su raza, sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento o lugar de residencia», con algunas excepciones previstas por el Congreso, entre las cuales no aparentan estar incluidas las razones expresas en la orden firmada por Trump. Sin embargo, el presidente estadounidense continúa defendiendo el mandato.
