Un clima de tensión se vivió hoy en la provincia ecuatoriana de Morona Santiago (sureste), luego de que las autoridades allanaran la emisora indígena La Voz de Arutam por haber emitido declaraciones de un dirigente antiminero que supuestamente incitaban a la violencia.
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La acción fue ordenada por un juez y tiene lugar en virtud del Estado de excepción declarado en esa jurisdicción desde diciembre pasado, cuando en una protesta antiminera, un policía murió y siete resultaron heridos.
El Ministerio del Interior informó en un comunicado que, al cumplir una orden judicial, la Fiscalía y la Policía allanaron durante la noche del jueves las instalaciones de la emisora La Voz de Arutam, en la localidad de Sucúa, lo que generó un enfrentamiento con indígenas.
Según el Ministerio, tres agentes resultaron heridos y varios vehículos de la Policía dañados durante el allanamiento, cuyo objetivo era «obtener, conservar y preservar las evidencias de la reproducción sistemática de mensajes» que «incitan a violencia y toma de armas, generando conmoción social».
Entre las evidencias, la Fiscalía buscaba la reproducción de unas declaraciones de Agustín Wachapá, quien fue detenido en diciembre con relación a las investigaciones sobre la protesta antiminera en la que falleció un agente policial.
Ese hecho ocurrió el pasado 14 de diciembre durante una protesta de indígenas de la etnia shuar contra el campamento de una operadora minera china en la zona de Panantza.
Según el Ministerio del Interior, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento de la emisora para «obtener a través de los equipos tecnológicos la evidencia del delito que se investiga».
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Unos ochenta policías acompañaban a los agentes de la Fiscalía cuando, según el Ministerio, fueron atacados de forma violenta por un grupo de treinta personas con lanzas, machetes y piedras.
«Un ciudadano agresor fue detenido y se encuentra a órdenes de la Justicia», añade el texto del Ministerio, que expresa el rechazo del Gobierno a «las reiteradas agresiones de estos grupos delictivos armados que no representan a la comunidad shuar o la ciudadanía de la provincia de Morona Santiago».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) rechazó el allanamiento de la emisora en un «acto prepotente por parte de la fuerza pública» que «constituye un gravísimo atentado contra la libertad de expresión» y «coarta el derecho a informar por parte de los medios comunitarios transgrediendo la misma Constitución del Estado».
Según la Confeniae, «el pueblo Shuar es permanentemente violentado en sus legítimos derechos por parte de un Estado que demuestra su incapacidad para resolver los conflictos generados por él mismo al militarizar los territorios» de las comunidades.
La Confeniae, en un comunicado, lamentó que las autoridades no pongan como prioridad al debate sobre la problemática minera y que se responda solo con la militarización de la zona, amparadas en el Estado de excepción que, según los indígenas, «lejos de viabilizar salidas, profundiza la crisis existente».
Según la organización, «se persigue, encarcela, judicializa y criminaliza a líderes y dirigentes amazónicos por el hecho de defender los intereses de sus bases»
«Los hechos que devienen de la militarización del territorio son de absoluta responsabilidad y generados por el Gobierno», afirmó la Confeniae en su comunicado.
Fuente: EFE
