La Escuela Politécnica Nacional (EPN) efectuará el recuento rápido de votos el próximo 19 de febrero durante los comicios presidenciales y legislativos, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La EPN y el Consejo suscribieron ayer, 10 de enero del 2016, un contrato de consultoría para la realización del recuento rápido de votos, con el objetivo de «garantizar la seguridad, transparencia y confianza en los resultados».
Ese proceso recogerá una muestra de datos reales y permitirá estimar los resultados luego «de las tres primeras horas de haberse cerrado las urnas» de votación, indicó el CNE.
La EPN, una de las universidades más prestigiosas de Ecuador, definirá la muestra matemática y desarrollará un software para la recolección y procesamiento de la información electoral, precisó el Consejo Nacional Electoral en un comunicado.
El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, aseguró que la participación de la entidad académica es inédita en esta materia, aunque remarcó que la amplia experiencia de la EPN permitirá tener «resultados preliminares confiables».
La gerente de proyectos de la EPN, Natacha Reyes, aseguró que el diseño y la selección de las muestras se realizará con un nivel de confianza del 99 por ciento y un margen de error igual o menor al uno por ciento.
Diego Tello, Coordinador Nacional de Procesos Electorales del CNE, explicó que para el recuento rápido se prevé obtener información de unas 10.000 Juntas o mesas electorales.
Además, Tello indicó que la EPN se hará cargo de temas esencialmente técnicos, pero que la rectoría de todo el proceso es del CNE.
Aseguró que el organismo electoral desplegará 10.000 personas para que transmitan información desde las Juntas Receptoras de Voto que se hayan seleccionado en la muestra estadística del recuento.
El 19 de febrero, 12,8 millones de ecuatorianos facultados para participar en los comicios, elegirán al futuro presidente de la República, 137 integrantes de la Asamblea Nacional (Legislativo) y cinco miembros del Parlamento Andino; además de votar por una consulta popular impulsada por el Ejecutivo, que busca prohibir a los servidores públicos tener dinero o bienes en paraísos fiscales.
