Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 liderarán el lunes una marcha en la Ciudad de México para exigir que sus hijos sean hallados y se haga justicia en una de las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en la historia reciente del país.
Numerosas organizaciones civiles han llamado a unirse a la manifestación que recorrerá el centro de la capital.
La noche del 26 de septiembre de 2014 una seria de ataques coordinados en Iguala, en el estado de Guerrero, dejaron un total de 180 víctimas, incluidos los 43 estudiantes cuyo paradero aún se desconoce, otro que lleva dos años en coma y seis personas asesinadas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los estudiantes fueron atacados por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o inacción de otros cuerpos de seguridad, militares y autoridades.
La primera versión oficial -calificada por el ex fiscal general Jesús Murillo Karam de «verdad histórica»- aseguraba que los 43 jóvenes fueron quemados en un basurero y sus cenizas arrojadas a un río cercano, pero aunque se localizó e identificó un resto óseo de un estudiante la tesis fue rechazada por los expertos internacionales por falta de pruebas sólidas y por estar basada en testimonios de personas presuntamente torturadas. Recientes hallazgos de la propia fiscalía también cuestionaron alguno de sus puntos.
Las autoridades han detenido hasta el momento a 128 personas, de las cuales se ha abierto proceso a 70 -la mayoría policías y miembros del crimen organizado- pero todavía no se sabe qué paso esa noche ni cuál fue el móvil del crimen. La investigación ha avanzado muy lentamente, ha tenido errores y omisiones y ha sufrido obstrucciones a la justicia por parte de servidores públicos, denunció tanto el grupo de expertos de la CIDH como el defensor del pueblo mexicano.
De hecho, quien fuera jefe investigador del caso, Tomás Zerón, fue acusado por los padres de los estudiantes de manipular y sembrar pruebas para avalar la versión oficial y está actualmente bajo investigación interna.
Después de muchos retrasos y bloqueos, los abogados de las víctimas consideran que en los últimos meses se han logrado algunos avances como el rastreo de los teléfonos celulares de todos los presentes en la zona de los hechos y el uso de tecnología para escanear el terreno en busca de fosas clandestinas.
Sin embargo, faltan indagatorias básicas y el ejército -cuya actuación el día de los hechos ha sido cuestionada- todavía no ha aportado a la fiscalía pruebas solicitadas. Incluso la ONU ha manifestado sus dudas sobre el compromiso del gobierno de México con el esclarecimiento del caso.
«No tenemos aún la garantía de que van a ser castigados todos los que tienen responsabilidad criminal en este caso», dijo recientemente Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, al visitar la escuela normal rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los jóvenes.
Los dos principales detenidos son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y un jefe del cártel de los Guerreros Unidos en esa localidad, Gildardo López Astudillo. Pero los expertos internacionales creen que un ataque coordinado en nueve puntos y en una extensión de 80 kilómetros tuvo que tener un nivel de mando mayor.
Mientras tanto, en la normal de Ayotzinapa el patio sigue ocupado por las 43 sillas vacías con los retratos de las víctimas y una imagen de la Virgen de Guadalupe clamando justicia.
La normalidad no ha regresado a esta escuela de maestros rurales. Las clases se han reanudado sólo parcialmente y cada vez hay menos alumnos que quieren ingresar a ella.
«Hay miedo de que vuelva a pasar un 26 de septiembre», explicó David Colchero, del comité estudiantil.
