El 60% de los reclusos de las cárceles uruguayas estudian, trabajan o ambas cosas, según los resultados de un estudio del Programa de Justicia e Inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del país suramericano, sobre el que notificó hoy la web de la Presidencia.
Las conclusiones a este proyecto señalan que bajo el mando del actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se consiguió que el porcentaje de los confinados que trabajaban aumentara de 1 % a 38 %, según la información difundida por Presidencia.
Bonomi ostentó el cargo en el periodo de Gobierno 2010-2015, durante la presidencia del José Mujica, y continúa en el Ejecutivo del actual presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, que asumió para el quinquenio 2015-2020.
El informe fue expuesto durante un acto el pasado jueves en el que estaba Bonomi, que recordó que al inicio de su mandato había aproximadamente 8.500 reos, todos juntos sin ningún tipo de clasificación, lo cual hacía imposible promover políticas de empleo.
«En ese momento entendimos que era imposible aplicar políticas de rehabilitación sin terminar con el hacinamiento y sin enfocarse a la clasificación progresiva», dijo el ministro.
También señaló que el sistema nacional de cárceles abarcaba solo cinco centros de reclusión de los 25 existentes, por lo cual se decidió crear el Instituto Nacional de Rehabilitación, derivando ahí a los centros que se separaban de las jefaturas departamentales.
Asimismo, Bonomi explicó que las políticas carcelarias también comenzaron a dictarse desde ese instituto resultando «un proceso con líneas claras» que logró que actualmente haya «un 38 % de reclusos trabajando» y «unos 1.800 cursando educación secundaria durante el año pasado».
«Luego de este proceso, se vislumbra que es el momento de fijarse nuevas metas», advirtió el ministro.
El Programa de Justicia e Inclusión se creó a partir de un Convenio de Financiación firmado entre la Unión Europea y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República, con los objetivos de promover una reforma integral del sistema de justicia penal.
Entre las prioridades del plan están mejorar las condiciones de vida en la privación de libertad, las condiciones de inclusión al regreso y promover las medidas alternativas a la privación de libertad.
Su ejecución, que comenzó en agosto de 2011, culminará en setiembre de 2016 y cuenta con un presupuesto de donación de cinco millones de euros.
