El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Rivas, elevó a 13 los fallecidos en una riña por el control de una cárcel, entre los que están el capitán Byron Lima, que cumplía 20 años de prisión por el asesinato de un obispo, y una mujer de nacionalidad argentina.
En una conferencia de prensa, Rivas dijo que el ataque en el sector nueve de la Granja Penal Pavón se originó con una granada lanzada contra Lima, en prisión por el asesinato en 1998 del obispo Juan Gerardi.
El titular de Gobernación explicó hoy- 18 de julio- que el ataque está motivado por un conflicto para el control del penal entre los grupos de Lima, cuyo cuerpo fue encontrado con fragmentos del artefacto explosivo y dos disparos de bala, y del narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias «El Taquero».
«El Taquero», que será trasladado junto a otros 25 reos implicados en la riña a otros centros penitenciarios, cumple una pena de 820 años de prisión por la matanza de 16 turistas, 15 de origen nicaragüense y un holandés.
Rivas explicó que las autoridades ya tomaron el control de la cárcel, ubicada en el municipio capitalino de Fraijanes, y añadió que de los 13 cuerpos, cinco ya fueron trasladados a la morgue de la capital, mientras que los otros ocho permanecen en el centro penitenciario.
De los fallecidos, cuatro fueron decapitados, uno calcinado y tres murieron por heridas de bala, y al menos diez personas que no fueron identificadas resultaron heridas por este ataque.
Este lunes, al menos 125 personas, entre ellas niños y mujeres embarazadas, se encontraban en el interior de la cárcel visitando a sus familiares, aunque todas fueron evacuadas.
Lima, uno de los presos más poderosos del país, fue condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Gerardi, al igual que su padre, el coronel retirado del Ejército Byron Lima Estrada y el sacerdote Mario Orantes, quienes ya recuperaron su libertad, y también el especialista Obdulio Villanueva, quien fue asesinado en 2003 durante un motín en la cárcel.
El obispo Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe interdiocesano «Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi). Guatemala: Nunca Más», en el que se documentan más de 54.000 violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996), el 90 por ciento atribuidas al Ejército de Guatemala.
