Recientemente durante una vista pública realizada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso “Puerto Rico v. Sánchez Valle”, la administración del presidente Barack Hussein Obama, a través de la representante del procurador general de Estados Unidos, Nicole Saharsky, reafirmó que la fuente de poder de Puerto Rico no emana de la Constitución del Estado Libre Asociado sino del Congreso de los Estados Unidos, y que el término Estado Libre Asociado (ELA) fue escogido por el gobierno de ese entonces para definir la relación que se desarrollaría entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
Estas expresiones coincidieron con el informe que presentó en el 2005 el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Isla, y con los términos presentados por el Congreso Federal en las vistas públicas sobre la situación económica de Puerto Rico, y las condiciones incluidas en la “Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico».
Ante las expresiones oficiales, tanto en el máximo foro judicial federal como en el Congreso, y el poder ejecutivo de los Estados Unidos, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el fin de eliminar y prohibir la utilización de fondos públicos para llevar a cabo cualquier tipo de actividad o celebración relacionada al 25 de julio de cada año, la eliminación de este día feriado, y otros fines relacionados.
“El Gobierno de los Estados Unidos de América ha sido claro en sus planteamientos y ha reiterado en múltiples ocasiones que el Estado Libre Asociado no es más que una mera colonia, cosa que impide nuestro pleno desarrollo como colectivo. También han asegurado que nunca han cedido su soberanía sobre Puerto Rico como estado o al darle independencia, sino que solamente nos han dado autoridad para regir nuestros asuntos locales. Lo que quiere decir que la farsa en la que ha mantenido el Partido Popular Democrático al pueblo por décadas ha llegado a su fin y ha quedado desenmascarada por ellos mismos», sostuvo el legislador en declaraciones escritas.
Meléndez añadió que su propuesta surge a raíz de todas las opiniones de los máximos foros de poder los Estados Unidos, los cuales coinciden con el informe entregado en el 2005 por el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Isla, donde se reafirmó como política pública del Ejecutivo Federal que el llamado ELA es una alternativa de status transitoria, subordinada al Congreso y que no puede considerarse como un acuerdo de “consentimiento mutuo” entre Estados Unidos y la Isla. Ese mismo informe estableció que bajo el ELA, el Congreso puede legislar directamente sobre asuntos locales o decidir por ley la estructura de gobierno, como lo hace con Guam o las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esta acción es la que precisamente propone aplicar el Congreso Federal con la creación de la llamada “Junta de Control Fiscal”.
Además, según un documento oficial entregado por el Procurador General de los Estados Unidos, Donald B. Verrelli Jr., el propio Supremo Federal ha expresado que Puerto Rico tiene un grado de gobierno propio “comparable al que poseen los estados” pero sigue siendo un territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso. Aunque a Puerto Rico se le dio permiso en el 1950 para escribir su propia constitución, eso no le concedió el grado de autonomía que gozan los estados.
El representante Meléndez expresó que “Ante la crisis económica que vive nuestra isla, el despilfarro de dinero que ha caracterizado a este gobierno insensible, y el deshonroso estatus político que representa para todos los puertorriqueños el Estado Libre Asociado, he presentado este proyecto de ley para eliminar de una vez el derroche de dinero que se utiliza cada año para celebrar un estatus político ficticio y que nunca ha existido a expresiones del propio gobierno federal. Ya es hora, que nosotros como puertorriqueños, exijamos el respeto y el trato igual que nos merecemos como ciudadanos americanos fidedignos. Es hora de romper y cortar con la mentira que los líderes del Partido Popular le han hecho creer por décadas a nuestro pueblo. Este proyecto pondrá fin al gasto de cientos de miles de dólares en fondos públicos en una celebración que ha quedado desenmascarada y que su único propósito era promover un fin político partidista, mantener viva una mentira para manipular a todo un pueblo, y beneficiar a unos pocos que se han llenado sus bolsillos bajo la farsa del ELA”.
Meléndez aseguró que de no haber paso para su proyecto en esta asamblea legislativa volverá a presentar el mismo en el 2017 de prevalecer un nuevo gobierno del Partido Nuevo Progresista.
