Cuando el gobierno de España anunció el pasado mes de junio que procedería a la exhumación de los restos del general Francisco Franco, probablemente tenía previsto que el proceso culminara antes de finalizar el pasado año.
Sin embargo, la salida de los restos del general que gobernó España con mano de hierro durante casi cuatro décadas se está convirtiendo en un auténtico dolor de cabeza.
Pese a que el gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez aprobó a finales de agosto un decreto que autorizaba el desenterramiento del mausoleo del Valle de los Caídos, 50 km al oeste de Madrid, el prior de la abadía donde reposan los restos de Franco rechazó el pasado mes de diciembre conceder el permiso para proceder a la exhumación.
El tema, 43 años después de la muerte de Franco, es objeto de un intenso debate en España, entre los que consideran una anomalía democrática que los restos del general descansen en un mausoleo -mientras todavía no se sabe dónde están los restos de miles de represaliados- y los que consideran que la exhumación solo "reabre viejas heridas", como opinan algunos dirigentes del conservador Partido Popular.
En este punto, surgen varias preguntas: ¿quién tiene la competencia sobre el Valle de los Caídos?, ¿puede el prior de la abadía impedir la entrada para llevar a cabo la exhumación?, ¿hasta dónde puede llegar el gobierno?
¿Quién manda en el Valle de los Caídos?
El mausoleo fue construido entre 1940 y 1958 por unos 20.000 presos políticos para rendir homenaje y servir de tumba a quienes cayeron luchando en lo que Franco calificó como su "gloriosa cruzada" y la historia conoce como la Guerra Civil española.
