Nicaragua se apresta a completar tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado numerosos muertos: 212 al pasado 19 de junio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 309 en las últimas estimaciones de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Y la situación no da signos de resolverse: al menos una persona más perdió la vida este miércoles, cuando la policía nicaragüense, acompañada por civiles armados, recurrió a la fuerza para acabar con el bloqueo de la carretera Panamericana en La Trinidad, 127 kilómetros al noroeste de la capital, y otras cuatro murieron el jueves en una operación similar en el barrio leonés de Subtiaba.
Para muchos, se trata de nuevos ejemplo de la "respuesta represiva" del Estado nicaragüense que ha sido duramente criticada por la CIDH, pues según la organización se ha caracterizado por el "uso excesivo y arbitrario de la fuerza, incluyendo la fuerza letal (…) de manera deliberada", entre otras graves violaciones de derechos humanos.
Pero el gobierno nicaragüense sostiene que la violencia -que hizo que lo que empezó como pequeñas protestas en contra de una reforma del sistema de pensiones se convirtieran en un verdadero alzamiento en contra del presidente Daniel Ortega- es parte de una estrategia "golpista" de ciertos sectores de la oposición.
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Según el secretario privado del presidente Daniel Ortega, Paul Oquist, es por eso que, antes de hablar de posibles salidas a la crisis, como elecciones anticipadas, es necesario que cese toda la violencia, "venga de donde venga".
