Son las 6 de la tarde de un miércoles y Luz Curin, una paramédico de 37 años, está haciendo la compra con su hijo de tres años, que —metido en el carrito de mercado— salta, juega y muerde un dinosaurio de juguete.
El niño, de ojos grandes y mirada intimidante, también le da vueltas a un paquete de galletas de chocolate que espera comerse una vez paguen y salgan de este gigante supermercado en San Miguel, un barrio de clase media de Santiago de Chile.
En un alargado pasillo lleno de cereales y golosinas, Carin explica que no tiene otra opción que comprar y darle a su hijo esta "comida chatarra".
"El niño me lo pide porque es lo que le dan en el colegio en ocasiones especiales y si no se lo doy se pone loco y arranca a llorar", explica, con el dejo del cansancio de fin de jornada laboral.
Curin —preocupada pero resignada por la obesidad de su hijo— cree que "todos vamos a terminar con enfermedades renales, con diabetes y con tensión alta" a cuenta de lo que comemos.
"Pero no le veo solución", concluye.
En Chile, sin embargo, hace un par de años se está ensayando una posible solución para este problema —para muchos "epidemia"— que afecta a un tercio de la población mundial: la obesidad.
Se trata de una polémica ley de etiquetado aprobada en 2016 que ha sido celebrada por el mundo de la nutrición y pone sellos negros, grandes y feos a los alimentos que superan ciertos niveles de azúcar, grasa y sodio. "ALTO EN", informan los logos.
"La verdad es que intentamos no comprar los alimentos con sello, pero es difícil", afirma Curin.
De manera gradual, la ley la ha impuesto a las empresas de alimentos reglas cada vez más severas sobre la publicidad dirigida a niños, la información de los ingredientes y el expendio en escuelas del país.
El miércoles 27 de junio, cuando se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la ley, hubo nuevo corte, por lo que más productos tendrán que poner el famoso sello en sus paquetes.
