El jueves 31 de enero, la Fiscalía (FGE) llamó al subsecretario de Acción Política del Gobierno, Iván Granda, para que comparezca y entregue información sobre 17 testaferros que presuntamente habrían prestado sus nombres a altos funcionarios del Gobierno anterior.
Sin embargo, el funcionario no acudió al llamado que se le hizo luego que asegurara que el Gobierno firmó acuerdos con estos ciudadanos con la finalidad de que brinden información sobre casos de corrupción . El funcionario se encontraba en la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.
En su cuenta en Twitter manifestó su disposición.
Por su lado, la Fiscal General del Estado encargada, Ruth Palacios, llamó al funcionario “a fin de que rinda su versión y entregue sus evidencias a las que hace referencia a acuerdos con testaferros y también de acuerdos verbales”.
Palacios señaló que para llegar a un acuerdo de cooperación eficaz se debe primero iniciar un proceso penal y abrir una investigación porque esta entidad es la única titular de la acción fiscal.
El miércoles 30 de enero de 2019, Granda aseguró ante la prensa que es necesario que la Ley Anticorrupción entre en vigencia para que el Gobierno nacional pueda dar a conocer los nombres de que estarían dispuestos a revelar información de las rutas del dinero ilegal a cambio de protección y beneficios.
La Fiscalía nuevamente llamará a Granda este viernes 1 de febrero para que rinda su declaración.
El caso
Según el COIP, en el artículo 277, la contravención donde un funcionario público no denuncie los actos de corrupción estarán sancionados con 15 a 30 días de cartel. Este caso comenzó cuando Ivan Granda revelo un acercamiento con 17 testaferros del gobierno de Correa, lo cuales estarían dispuestos testificar siempre y cuando reciban beneficios por entregar la información.
